Nada

El informe presentado por el ciudadano Manuel José Cepeda Espinosa en su posición de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, señaló a la Corte acerca de la creación del centro de conciliación del Consultorio Jurídico de dicha Universidad y en cumplimiento con la Ley 23/91 se hizo posible organizar el centro de conciliación. De igual forma, se estableció como requisitoindispensable para que los estudiantes ingresaran al centro de conciliación que estos hayan cursado la asignatura de Alternativas para la Solución de Conflictos. Igualmente, este añade que según las estadísticas durante el primer semestre de 1998 al centro se le solicitaron 273 audiencias de conciliación para llevarlas a cabo, pero siendo apenas 79 en materia laboral. Se realizaron apenas 52audiencias de conciliación laboral, y en los casos restantes habiéndose citado para la audiencia esta no se pudieron realizar por ausencia de las partes
INTERVENCIONES.
La primera intervención estuvo a cargo de un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, la intervención de estos ciudadanos estaba orientada a contribuir a las pretensiones de lademanda, teniendo en cuenta por supuestos algunos razonamientos, al señalar la eficiencia dentro de uno de los pilares esenciales sobre los cuales se orientan las tres funciones clásicas que de alguna manera desempeña todo Estado siendo la jurisdiccional pieza vital para la consecución de un orden social, justo y equitativo. De esta manera pueda ser más accesible el ingreso por parte de losciudadanos a la administración de justicia, por esa razón se han diseñado los mecanismo alternativos de solución de conflictos, y posibilidad jurídica de enorme transcendencia en el campo laboral. Señalan además que la conciliación debe de alguna manera establecer un procedimiento compatible con los fines que persigue el Estado, siendo así que el consenso logrado tenga como punto de referencia unmarco de justicia, que defienda la efectiva realización de los derechos sustanciales.
Sin embargo, sucede que los segmentos normativos demandados, en vez de propiciar el espacio adecuado para que alguna forma la conciliación alcance sus fines, produce un efecto contrario, ya que el Estado en lugar de cumplir con su deber constitucional de brindar especial protección al trabajo, este lo terminapor gravar, al imponer una carga procesal que exclusivamente afecta al trabajador. Por ultimo señalan los grupo de ciudadanos que las disposiciones acusadas realmente contradicen los fines perseguidos por el Estado, en cuanto obstaculiza la concreción de los derechos reclamados por los trabajadores. De esta forma, la audiencia prejudicial obligatoria en materia laboral, seria contraria y estaríalejos de lograr la realización de los principios de la Constitución consagrada en materia de función administrativa, esto tendría como efecto aumentar los niveles de ineficiencia procesal y así cada día el anhelo de la pronta y efectiva justicia estaría lejos de nuestro alcance.
La segunda intervención estuvo a cargo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, en donde elciudadano Rafael Suarez Orjuela en su condición de Presidente de dicha Asociación, presentó a la Corte un escrito donde contribuyo a las peticiones de la demanda, indicando lo concerniente a la rigurosa técnica contenida en la Acta de Conciliación al precisar los términos de la misma, en cuanto a extremos de la relación laboral, las sumas liquidas, los conceptos que corresponde, es decir, si setrata de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones para en ultimas finalizar en un acuerdo no susceptible de recursos, esto implica al trabajador imponerle la carga de necesitar contratar un abogado para que este hiciera el trámite ante las autoridades de trabajo y no quedar de alguna manera expuesto a la perdida de sus garantías laborales, teniendo como resultando la negación con...