Notariado

42-2010
Inconstitucionalidad

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las quince horas y dos
minutos del día diez de septiembre de dos mil diez.
Por recibido el Oficio N° 529, de fecha 16-VII-2010, suscrito por el Juez de Paz de Santa
Clara, Departamento de San Vicente, mediante el cual remite certificación de la resolución
pronunciada por dicho tribunalen esa misma fecha, en la que declaró la inaplicabilidad de los
arts. 67 inc. 1° y 246 parte final del Código Procesal Civil y Mercantil (C.Pr.C.M.), emitido
mediante Decreto Legislativo N° 712, de fecha 14-XI-2008, publicado en el Diario Oficial N°
224, Tomo N° 381, de fecha 27-XI-2008, en las Diligencias de Conciliación Civil con referencia
01/DACC/2010.
I 1. Por Decreto Legislativo N° 45,de fecha 6-VII-2006, publicado en el Diario Oficial
N° 143, Tomo N° 372, de fecha 7-VIII-2006, la Ley de Procedimientos Constitucionales fue
reformada, mediante la adición de un tipo especial de inconstitucionalidad, cuando ésta haya
sido advertida por algún tribunal de justicia. En dicha regulación el Legislador dejó
indeterminado el trámite a seguir para alcanzar una sentencia de fondo; sinembargo, y
atendiendo a una interpretación integrada de todas las disposiciones de la Ley de Procedimientos
Constitucionales y que guarde congruencia con la Constitución, esta clase de procesos deberá
desarrollarse en concordancia con el contexto normativo -en materia de plazos, informes,
traslados y demás- que aporta el Título II de la L. Pr. Cn., y más específicamente con el trámiteprevisto por los arts. 7, 8 y 9 de la referida ley.
Lo anterior, debido a que una de las finalidades determinantes para la reforma de las
disposiciones que regulan el control difuso de la constitucionalidad de las leyes -Art. 185 Cn.-,
consiste en la unificación de criterios, por parte de esta Sala, respecto de las normas inaplicadas
por los tribunales de la República.
Para una mejor comprensión delo apuntado, es necesario definir que el proceso de
inconstitucionalidad tiene como finalidad verificar la confrontación normativa entre las
disposiciones impugnadas y las disposiciones constitucionales propuestas como parámetro de
control y emitir un pronunciamiento de carácter general y obligatorio en caso de que las
primeras efectivamente vulneren derechos, principios o garantíasconsignados en las segundas, –
efectos erga omnes, art. 183 Cn.–. Por su parte, el control difuso genera efectos sobre la
aplicación de una disposición o cuerpo legal con respecto a un caso específico juzgado por un
tribunal ordinario –efectos interpartes, art. 185 Cn.-.
Ambos controles de constitucionalidad no son excluyentes entre sí, lo que implica que su
interrelación se desarrolla en torno alcontrol abstracto de las disposiciones inaplicadas en un
determinado proceso -control concentrado-, con independencia de los efectos que la inaplicación

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de las disposiciones consideradas inconstitucionales por el juez en ese proceso –control difusopuedan haber producido sobre las partes.
Por las razones expuestas, resultaría inadecuado crear un procedimiento especial o
particular para elproceso de inconstitucionalidad iniciado vía remisión de inaplicabilidades que
declaran los tribunales de la República. El control difuso mantiene su independencia en relación
con las particularidades de cada caso, pero para declarar de forma general y abstracta la
constitucionalidad de las disposiciones inaplicadas, se debe seguir el procedimiento establecido
en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley deProcedimientos Constitucionales.
2. Aclarado el punto anterior, debe verificarse si la declaratoria de inaplicabilidad
remitida en esta ocasión reúne los presupuestos mínimos, prescritos por los Arts. 77-A y 77-C
de la L.Pr.Cn. para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad; entendiendo por tales
requisitos: (i) la relación directa y principal que debe tener la disposición...