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Facultad de policías para detener a quien incumpla prisión domiciliaria es constitucional: Procuraduría
El Ministerio Público presentó el concepto ante la Corte Constitucional en el marco de la demanda contra la reforma contra el Código Penitenciario.
Por: Redacción Judicial
Ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General presentó un concepto en el que se pide que se declare exequible lafacultad para que agentes del Inpec y miembros de la POlicía Nacional detengan a las personas que incumplan la detención domiciliaria. Esto dentro del estudio que se adelanta de la demanda contra un aparte de la reforma al Código Penitenciario (Ley 1709 de 2014).
En dicha ley se establece que el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de unamedida de detención o prisión domiciliaria, o el funcionario de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, tienen la facultad para detener a quien esté violando las obligaciones de la medida y ponerlo a disposición del juez competente.

La Procuraduría señaló en su concepto que la facultad que confiere la norma demandada no vulnera los derechos fundamentales al debido procesoy a la libertad personal, ni desconoce el principio de reserva judicial, pues no debe perderse de vista que la disposición recae sobre una persona que ya tiene restringida su libertad por virtud de una orden judicial, y que lo que debe asegurarse en estos casos es que la detención se haga con el pleno respeto de las garantías constitucionales, es decir, que se observe el debido proceso y que lapersona sea puesta a disposición inmediatamente ante la autoridad judicial competente, sin exceder el límite máximo de 36 horas.

No obstante, se precisó en el concepto del Ministerio Público que los funcionarios del Inpec y de la Policía Nacional no tienen la capacidad para determinar dentro de sus funciones de control y vigilancia, sin intervención judicial, si la persona bajo prisión domiciliariaha reparado los daños ocasionados con el delito dentro del término fijado por el juez o si el pago de la indemnización correspondiente está debidamente asegurado, obligación prevista en el artículo 23.4.d de la Ley 1709 y que debe cumplir quien sea beneficiario de la detención o prisión domiciliaria. Por lo tanto, se le solicitó a la Corte Constitucional que condicionara la exequibilidad de lanorma demandada a que la facultad que ésta confiere no puede ser ejercida en relación con las disposiciones del artículo 23.4.d de la Ley 1709


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Los sectores políticos respaldaron acuerdo de desminado


Voces de apoyo surgen desde los distintos sectores políticos del país, trasel acuerdo logrado entre las Farc y el equipo negociador del Gobierno de iniciar un proceso de desminado humanitario en las zonas más afectadas por este crimen.
Se trata de un proceso para la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra en general, programa que estarábajo la supervisión de la organización Ayuda Popular Noruega (APN), así como de otras instancias internacionales.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que “este es un gesto muy importante para el propósito de acabar con el conflicto” y aunque varias críticas llegaron por el hecho de que miembros de las Farc colaborarán en el desminado, el mandatarioaseguró que esto será necesario para que señalen en dónde están las minas y así poder erradicarlas.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que el país avanza en la dirección correcta, pues si bien será un proceso paulatino, permitirá salvar muchas vidas humanas y proteger a la población civil.
“Esta demostración es un voto de confianza, de lo importante que resulta...