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En varias ocasiones hemos comentado positivamente algunas gestiones de la contralora Sandra Morelli, y volveremos a hacerlo siempre que sea oportuno, pues susdeseos de imponer limpieza en ciertas instituciones y actividades merecen todo el respaldo. Basta recordar las acciones que ha emprendido en campos como la educación, con los denunciados subsidios aestudiantes inexistentes, y en la salud, donde ha sabido poner la lupa sobre presuntos manejos indebidos de dineros destinados al buen funcionamiento del sistema del que depende el bienestar demillones de colombianos. Contrastan estas plausibles ejecutorias con ciertos desatinos en sus intervenciones recientes. Se trata de reacciones desafortunadas ante solicitudes para acceder a documentospúblicos que parecen lejanas de aquel perenne precepto según el cual los funcionarios fiscalizadores han de dar ejemplo, por igual, cuando investigan y cuando son investigados.
Y es que las respuestas decualquier persona que se desempeñe como servidor púbico, sin consideración de cuál sea su cargo, ante las críticas tanto como a las peticiones de documentos deben tener lugar sin consideración de quétan incómodos puedan resultar.
Hay que recordar aquí que la democracia está diseñada para que los ciudadanos y la prensa vigilen a los vigilantes y exista un control social y público sobre susactividades. Es un deber sagrado de las instituciones seguir los mandatos constitucionales y legales que obligan a responder peticiones respetuosas de los ciudadanos y brindar acceso llano a los archivospúblicos que no estén cubiertos por declaratoria legal expresa de reserva. Solo así es posible ejercer un efectivo y saludable control que solo reporta beneficios al estado de Derecho.
En suma, losfuncionarios han de tener presente que sobre quien solicite documentos públicos no recae ninguna obligación de informar de sus posibles incompatibilidades con la entidad que los expide y que la...
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