Obras

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto presentar una visión general de los principales contenidos y etapas del nuevo proceso penal en Chile, con especial énfasis en el análisis de las reglas que regulan el juicio oral. La idea es proveer a los lectores del marco normativo básico en el cual se deben desplegar y ejecutar las actividades de litigación que revisaremos en el resto dellibro. No se trata, en consecuencia, de realizar una revisión normativa exhaustiva ni análisis dogmáticos detallados de las diversas instituciones, sino presentar de manera general aquellas cuestiones que resulta indispensable conocer para entender la lógica de las destrezas de litigación que revisaremos.

Para los efectos descritos, dividiremos este capítulo en dos partes. La primera de ellasdestinada a realizar una breve descripción de las principales etapas de desarrollo del nuevo procedimiento. La segunda parte abordará la revisión de los diversos aspectos que configuran la regulación de la audiencia de juicio oral en nuestro Código.

El nuevo sistema se orienta a modificar sustancialmente la etapa de investigación, suprimiendo el sumario criminal del sistema inquisitivocaracterizado por el secreto, cuya realización estaba entregada a un juez de instrucción. Caracterizaba también al sumario la casi completa exclusión de la defensa, y la centralidad de esta etapa dentro del proceso. Por el contrario, el nuevo modelo de investigación implica la transformación de esta en una etapa puramente preparatoria del juicio criminal, entregada a los fiscales del ministerio público,quienes deberán, con el auxilio de la policía, conducir la investigación de los delitos, realizar las diligencias de investigación y ejercer la acción penal pública. Todo lo anterior bajo la supervisión del juez de garantía, juez unipersonal imparcial distinto de aquel que deberá fallar la causa.

1.1. LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
Las modificaciones realizadas a la etapa de investigaciónfundamentalmente buscan darle a esta una mayor racionalidad, en términos de favorecer métodos más eficientes de investigación de delitos, sobre la base de una colaboración muy directa entre los fiscales y los agentes policiales y demás auxiliares. A la vez, se busca garantizar de mejor forma los derechos del imputado por medio de entregar su custodia a un juez completamente alejado de las tareas deinvestigación y persecución.
El ejercicio de la acción penal pública corresponde al ministerio público, órgano acusador, de acuerdo con el principio de legalidad. De este modo, el ministerio público deberá investigar y, en su caso, plantear la acusación respecto de todos los delitos que lleguen a su conocimiento. No obstante lo anterior, se reconoce la posibilidad de que el ministerio público no ejercitela acción penal, basado en diversas consideraciones de oportunidad que regula el Código Procesal Penal. Se permite también poner término al proceso por vía de la suspensión condicional del procedimiento, quedando, en todo caso, el imputado obligado a cumplir ciertas condiciones, sin necesidad de reconocimiento de culpabilidad, para aquellos casos en que exista el pronóstico de que, aún llegándosea la condena, deberá aplicarse una medida alternativa a la privación de libertad.
Asimismo, se puede poner término al proceso durante la etapa de investigación, aun cuando el ministerio público esté en desacuerdo, en casos en los que el imputado alcance un pleno acuerdo reparatorio con la parte agraviada, tratándose de delitos que afectan a ciertas categorías de bienes jurídicos o de ciertanaturaleza.
En los casos en los que el ministerio público decida llevar adelante una investigación, podrá investigar libremente sin limitaciones de tiempo. No obstante, cuando la persecución respecto de una persona determinada pueda importar afección a sus derechos constitucionales y, en consecuencia, se requiera la intervención judicial, deberá formular cargos precisos en contra del imputado....