OLA KE ASE

Trabajo Electivo Concentrado de Sistema Interamericano de los Derechos Humano



Resumen del caso:
El 10 de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por Roberto Celedón Fernández, Sergio Fuenzalida Bascuñan y Marcos Orellana en la cual se alega la violación por parte del Estado de Chile de los derechos protegidos por los artículos 4,5, 8, 12, 17, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A (ENDESA). Los denunciantes son miembros del pueblo Mapuche Pehuenche, del sector Alto del Bío Bío, VIII Región de Chile. El 5 de octubre de 1993 se aprobó un proyecto de la empresa ENDESA,para construir una central hidroeléctrica en Ralco, zona en la cual viven los denunciantes.
Tras realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) aprobó la realización de la central hidroeléctrica.
Al mismo tiempo la CONAMA señaló que, por aplicación de la ley indígena (N° 19.253), la re-localización de población indígena sólo podría llevarse acabo con el consentimiento y la voluntad de los afectados. En consecuencia sólo podría permutarse la propiedad indígena afectada por otro predio que satisfaga al indígena afectado, procediendo a des-afectarse la propiedad original de su calidad de tierra indígena y afectar la nueva entregada en permuta.
Además la ley establece que la permuta de tierras, o cualquier otro gravamen sobre tierrasindígenas, sólo puede practicarse con la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (institución del Estado).
En este caso los peticionarios realizaron una solicitud de medidas cautelares, a fin de evitar daños irreparables a los derechos de las supuestas víctimas. Esta solicitud estaba encaminada, más particularmente, a evitar que la empresa procediera a inundar las tierras queocupan las presuntas víctimas, como parte de la construcción de este proyecto.
El 10 de marzo de 2000, el Presidente de Chile dictó un Decreto de concesión eléctrica definitiva a la empresa ENDESA, de conformidad con la ley eléctrica, lo cual por ministerio de la ley otorga una servidumbre de inundación en beneficio de la empresa. Los peticionarios consideran que este decreto viola directamentela ley indígena y por ello presentaron un recurso de protección. Este recurso fue resuelto el 21 de noviembre de 2001 por la Corte de Apelaciones de Santiago que no hizo lugar al recurso por cuestiones formales, pero afirmó que la aplicación de la ley eléctrica no eximía la aplicación de la ley indígena. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Chile el 23 de enero de 2002.
Al momentode la presentación de la petición ante la CIDH, la represa había sido construida en un 70%.
La Comisión, al tramitar el caso, le solicitó al Gobierno de Chile que “considerando la naturaleza del asunto... [se] abstenga de realizar cualquier acción que modifique el statu quo del asunto, hasta tanto los órganos del sistema interamericano de derechos humanos hayan adoptado una decisión definitiva.”Asimismo, al presentar la petición, los peticionarios señalaron que, una vez que se practiquen los avalúos, que se notifiquen sus resultados y que la empresa consigne el monto determinado, la empresa quedaría habilitada para solicitar al juez competente que la ponga en posesión material de los terrenos, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
La respuesta del Estado de Chile fue, a travésde la Misión Permanente de Chile ante la OEA, de que “se precise el contenido y alcance del pedido formulado al Estado” en una comunicación del 12 de diciembre. Esta solicitud fue respondida por la Comisión el 23 de diciembre de 2002, aclarando que “el objeto de la solicitud planteada al Estado de Chile es evitar que las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos...