ordenamiento jurídico arbitra

El hecho de compartir un sistema social hace que, éste mismo, el tejido social y la vida ciudadana, vayan incorporando cada vez más elementos comunes. Hoy, más que nunca, la vía pública es un bien escaso sometido a un uso intensivo y por ello a un desgaste considerable; de otro lado, es el elemento colectivo más evidente y ostensible de la sociedad urbana, por lo que la administración públicadebe ejercer una vigilancia intensiva.

La armonía, la calidad y el equilibrio de este espacio común es una responsabilidad compartida entre la Administración de la ciudad y la ciudadanía.

La convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas. Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad cuandose han armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva. Es obligación de todos los ciudadanos de actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo a una Ciudad.

El convivir pacíficamente, inseparable de la categoría‘diversidad’, ha mostrado su utilidad para responder al sentido de urgencia del cambio que motiva los procesos históricos y para orientar transformaciones estratégicas, no menos urgentes pero que tiene un plazo más largo de maduración. Por eso se vuelve al mismo tiempo un objetivo y un camino.

Por razones históricas el pueblo salvadoreño no ha sido educado en la manifestación de uncomportamiento cívico por excelencia, lo cual es causa de manifestaciones irresponsables con el medio urbano y con el resto de los conciudadanos, que alteran la convivencia pacífica.

Estas actuaciones anticívicas, además de causar molestias alterando la paz ciudadana, se manifiestan en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales detráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el Gobierno Municipal, se sufragan en realidad por todos los ciudadanos.

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la AdministraciónMunicipal pero, al ser la ciudad la que soporta sus consecuencias degradantes, los Concejos Municipales no pueden permanecer ajenos a esta problemática y, en el marco de su competencia, deben enfrentarla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra.

Un problema que interesa y afecta a cualquier comunidad, es la disposición final de desechos sólidos y líquidos, así como la prohibición expresaa los vecinos de hacer sus necesidades fisiológicas en lugares públicos, la producción y control de ruidos molestos, incluyendo los procedentes de fiestas o reuniones, así como las obligaciones de los amos por tenencia de animales domésticos.

Las normas sin sanción invitan a su incumplimiento, por lo que una legislación debe contener la penalización de los infractores, así como mecanismospara investigar, sancionar y hacer viables las amonestaciones o alertas a los vecinos. La penalización puede ir orientada, fundamentalmente, al establecimiento de multas y a la realización de trabajos comunitarios.

Debe constituir una decisión de los Concejos Municipales procurar que disminuyan y sean eliminados los actos dañinos que se producen en el Municipio y a tal fin es necesario disponerde un texto normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que degradan la Ciudad y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

Esta Ley de Convivencia Ciudadana y sanción de infracciones menores que hoy presentamos, es la manifestación de una necesidad de que a la base de la prevención de la violencia se establezca una cultura...