PACHECO TERUEL VS ESTADO DE HONDURAS

DERECHOS HUMANOS SECCIÓN: 1000
DOUGLAS ANTONIO MONTOYA ALVAREZ 20151022119
ARMINDA LUDIBETH MONTOYA ALVAREZ 20151022123

CASO PACHECO TERUEL VS EL ESTADO DE HONDURAS
DDHH VIOLENTADOS, REPARACIONES, GASTOS, VICTIMAS, CORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

No. Caso: 12.680
Petición: 14 de Julio del 2005
Informe de Fondo: 06 de Marzo del 2001
Caso en corte Interamericana: 11 de marzo de2011
DDHH Violentados
Los derechos violados
60. Respecto del deber de garantizar el derecho a la vida, el Estado reconoció que es responsable de la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, por la muerte de las 107
Víctimas, como consecuencia de una cadena de omisiones de las autoridades (...) Por otra parte, en relación con el derecho a la integridad personal, el Estado es responsable dela
Violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en razón de que tales detenidos padecían muchas de las condiciones de detención calificadas como tratos crueles,
Inhumanos y degradantes, así como por la forma en que murieron dichos internos, lo cual constituyó una violación del derecho a la integridad personal, incompatible con el respeto a la dignidad humana. Además, el Estadovioló el artículo 5.6 de la Convención, al no permitir a los internos realizar actividades productivas, por considerarlos miembros de la mara Salvatrucha. Finalmente, el Estado violó el artículo 5.4 de la Convención, en perjuicio de los 22 internos que se encontraban en prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, quienes compartían en la misma celda con internos condenados.Adicionalmente, el Estado violó el artículo 5.1 de la Convención en perjuicio del grupo de 83 familiares individualizados, en razón de los sufrimientos inherentes al maltrato a los fallecidos durante el incendio, la demora en los trámites de identificación y reclamo de los cadáveres en la morgue, así como por la inacción de las autoridades en esclarecer y establecer responsabilidades por los hechos.
61. Enrelación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117
No precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional
Esta norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepcionesacerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara
Con respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, dicha reforma incumplió el principio delegalidad contenido en el artículo 9 de la Convención.
Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitrarias en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
62. Respecto de los derechos a las garantías y protecciónjudiciales, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado reconoció que los hechos del presente caso se mantienen en la
impunidad y que ello viola el derecho de los familiares de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Además, toda la actividad procesal desplegada por las autoridades judiciales hondureñas se dirigió a establecer laresponsabilidad penal del entonces director del Centro Penal de San Pedro Sula al momento del incendio.
Sin embargo, no se investigó con la debida diligencia a ninguna otra autoridad. Por otra parte, han transcurrido más de siete años sin haberse deslindado las responsabilidades correspondientes
Por lo anterior, el Estado no proveyó a los familiares de las víctimas de un recurso efectivo para esclarecer lo...