Partes De Una Sentencia

Sentencia T-180 A/10

Problema jurídico:
Corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si: ¿ la Universidad del Atlántico vulneró los derechos constitucionales a la educación y al debido proceso del peticionario, como consecuencia de su decisión de “desactivar” la historia académica del estudiante del sistema de información de la institución, por no haber cancelado los derechosacadémicos correspondientes al primer período de 2009 (2009-I), a pesar de que la propia Universidad le expidió recibo de pago para el segundo período académico de 2009 (2009-II), y le permitió la inscripción de materias, según lo previsto por el plan de estudios de su carrera?.

TESIS:
La Sala concederá el amparo constitucional a los derechos a la educación y el debido proceso del estudiante, alcontrario de lo determinado por el juez de única instancia, pues el caso se enmarca, plenamente, en una de las excepciones establecidas por la jurisprudencia constitucional sobre el cumplimiento de requisitos impuestos por el reglamento estudiantil.

Sin embargo, la ausencia de prueba sobre la aprobación de las materias de noveno semestre por parte del accionante genera un problema que mereceespecial atención al momento de determinar el alcance del amparo, pues lleva a dos posibilidades hermenéuticas/decisorias: por una parte, podría considerarse que el respeto por el acto propio obliga a dar por aprobadas las materias de noveno semestre que son prerrequisito de aquellas que la universidad permitió inscribir al accionante para ser cursadas en el segundo semestre académico de 2009 (Ver,supra, antecedentes: 1.4); por otra parte, el respeto de las subreglas jurisprudenciales que prohíben al juez constitucional adoptar decisiones que supongan acreditar requisitos académicos por fuera del marco reglamentario de cada institución educativa, podría llevar a la conclusión de que, sin una prueba que acredite la aprobación de las asignaturas en cuestión, es necesario que el actor curse –orepita- integralmente el noveno semestre.

Resulta claro que, en caso de acoger la primera opción, se podría afectar la dimensión de calidad del derecho a la educación del accionado, suponiendo que no haya, de hecho, cursado satisfactoriamente algunas de esas asignaturas; además, si en su registro académico no aparece la nota específica de cada asignatura, el actor podría enfrentar complejosproblemas cada vez que requiera un certificado de notas para adelantar estudios de postgrado o para acceder a posiciones laborales. Adoptar la segunda opción, empero, dejaría sin piso el respeto por el acto propio y el debido proceso, como se ha explicado ampliamente en los fundamentos de esta decisión.

Para la Sala, es posible armonizar esas dos opciones, en apariencia incompatibles, ordenando quela Universidad del Atlántico permita al estudiante continuar su formación académica, a partir de los requisitos que efectivamente ha cumplido, de conformidad con la información consignada en el sistema de información académica. Sobre el cumplimiento de esta orden, la institución demandada deberá rendir un informe al juez constitucional que conoció de esta acción en primera instancia, para que elpueda verificar el cumplimiento del fallo, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

En atención a lo expuesto, la Sala confirmará el fallo de la única instancia, en cuanto declaró que la Universidad del Atlántico violó el derecho de petición del actor. En ese sentido, advertirá a la accionada para que no vuelva a incurrir en conductas que desconozcanel artículo 23 de la Constitución Política.

Por otra parte, la Sala revocará el fallo de instancia, en cuanto denegó la protección al derecho a la educación del estudiante, y en su lugar, concederá el amparo a este derecho, y al derecho fundamental al debido proceso del actor, por considerar que la accionada desconoció el principio de respeto al acto propio, lo que comporta a su vez, una...