Pena Capital

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatria. Vol. VII. N. 022. 1987

La pena de muerte en los
Estados Unidos de América
Una cuestión que atañe a los profesionales de la salud

INTRODUCCION
En los primeros nueve meses de 1986
fueron ejecutados dieciséis hombres en
los EE.UU. Más de 1.700 reclusos están a
la espera de la ejecución en 33 de los 37
Estados cuya legislación prevé la pena de
muerte; algunosllevan hasta doce años
en esta situación. A partir de la década de
1930, en que se dio la máxima frecuencia
de la aplicación de la pena capital', hubo
un descenso gradual de la misma hasta
1967, en que entró en vigor una moratoria
para las ejecuciones, después de que se
argumentara jurídicamente que la pena de
muerte era una «pena cruel y excepcio­
nal» y, por tanto, inconstitucional. En
1972, elTribunal Supremo de los EE.UU.
declaró, por cinco votos a favor y cuatro
en contra, la inconstitucionalidad de la
pena de muerte en tres recursos inter­
puestos ante el mismo. Durante el perío­
do comprendido entre 1967 y 1976 no hu­
bo ninguna ejecución en el país. Sin em­
bargo, en 1976 el Tribunal Supremo de­
claró compatibles con la Constitución las
leyes reformadas de tres Estados 2, lo que
, En1935 hubo en los EE.UU. 199 ejecuciones
(véase el informe de Al «Death Penalty in the USA»
(< Publications, 1987.
2 Las modificaciones necesarias para ajustarse
a la Constitución, como se sugería en el voto parti­
cular en el que constaba la opinión minoritaria en la
sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. de
1972, eran: a) la provisión de «normaspara que si­
guieran jurados y jueces a la hora de determinar la

sentó el precedente para la reintroducción
generalizada de las ejecuciones en los Es­
tados en los que se modificó la legislación
al respecto.
Amnistía Internacional se opone sin re­
servas a la aplicación de la pena de muer­
te y se ha dirigido a las autoridades de los
EE.UU. en gran número de ocasiones pa­
ra pedir la conmutaciónde las ya impues­
tas, así como, en el ámbito jurídico, su
abolición. En 1980, por ejemplo, Amnistía
Internacional presentó ante las autorida­
des de los EE.UU. una Propuesta para la
creación de una Comisión Presidencial
sobre la pena de muerte en los Estados
Unidos, en la que observaba:
«No puede haber un acto de go­
bierno más grave que ocasionar la
muerte de un ser humano deliberada­
mente. L.. ) Antes de que EE.UU. se
introduzca en una senda que podría
conducir a una generalización de las
ejecuciones, debe examinar al más
alto nivel toda la información disponi­
ble sobre el impacto en la sociedad,
la constitucionalidad y la convenien­
cia de una medida de este tipo.»
pena en los casos en los que cabe la imposición de la
pena capital», o b) una «definición más concreta de
los delitospor los que puede imponerse la pena». La
cuestión de la constitucionalidad «per se» de la pena
capital se estableció en tres casos en los que se dictó
sentencia en julio de 1976. El Tribunal Supremo, por
siete votos a favor y dos en contra, confirmó la
constitucionalidad de la legislación reformada sobre
pena de muerte de Georgia, Texas y Florida.

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LOS MEDICaS y
LA PENA DE MUERTE
Una de las numerosas preocupaciones
de tipo jurídico, social y ético de Amnistía
Internacional en relación con la pena de
muerte es la participación de los médicos
o de otros profesionales sanitarios en el
proceso de la ejecución, ya sea directa­
mente en la misma o como asesores antes
del ajusticiamiento. En marzo de 1981, el
Comité EjecutivoInternacional de la orga­
nización adoptó una Declaración sobre
los Médicos y la Pena de Muerte, redacta­
da por la Junta Médica Asesora de Am­
nistía Internacional. En ella se ponía de
manifiesto la postura de la organización
respecto de la participación de los médi­
cos en las ejecuciones, señalando que po­
día adoptar cualquiera de las siguientes
formas:
- «la determinación de aptitud mental
y...

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