Pena de muerte opinion publica

Pena de Muerte
Las leyes deben cumplirse.
Acisclo Valladares Molina

La pena de muerte está establecida en Guatemala, restringida su aplicación a los más graves delitos. Parte nuestro legislador del más irrestricto respeto por la vida y sólo a vía de la más absoluta excepción admite que pueda aplicarse en el caso de gravísimos delitos y satisfechas todas y cada una de las garantías propiasdel debido proceso, incluida la garantía que trasciende a lo jurídico, cuando todo se ha agotado: el recurso de gracia.

Tan excepcional es la pena de muerte en Guatemala que podría abolirse en cualquier momento, bastando para hacerlo el voto favorable de la mitad más uno de los diputados.

A pesar de su excepcionalidad, ha llegado la delincuencia a límites tales, que existen más de cincuentacondenados a muerte a la espera de la aplicación de la sentencia, interpuestos de su parte recursos de gracia que nadie resuelve.

¿Disuade la pena de muerte? La pregunta se hace necesaria, porque el irrespeto por la vida ha llegado a extremos tales, que la población se encuentra arrollada ante el delito. Si la pena de muerte pudiera disuadir sería injustificable que no se aplique y, precisamente,pareciera paradoja pero no lo es, para defender la vida. Miles de seres humanos –hombres, mujeres y niños– son asesinados sin que exista la respuesta categórica del Estado para castigar a los culpables.

¿Disuade la pena de muerte? Mi sentencia es lapidaria. ¡Claro que disuade pero, debo añadir, solamente si se aplica¡

Disuade sí, pero sólo si se aplica sistemática y absolutamente en todoslos casos en que debe aplicarse.

Mal podría disuadir la pena de muerte en Guatemala cuanto ésta no se aplica. Más que disuadir, se ha convertido –tal las consecuencias de la falta de aplicación de las leyes– en la más ingrata de las burlas. Los familiares de las víctimas sufriendo adicional escarnio: los victimarios, huéspedes del Estado en las prisiones –a costa de los impuestos de todos,incluidos los de las propias víctimas y los de sus familiares.

Fue la legislatura pasada la que hizo inaplicable la pena de muerte al sustraer del Presidente de la República el conocimiento y resolución del recurso de gracia con lo que nos dejó esta increíble situación: el recurso de gracia puede interponerse, pero se queda en un limbo debido a que no existe autoridad que lo resuelva. El Pacto deSan José –Convención Interamericana de Derechos Humanos– establece que la pena de muerte no puede aplicarse en tanto exista recurso o resolución pendiente.

Interpuestos como están los recursos, la pena no puede aplicarse en tanto no se resuelvan ¡Así de claro!

Nuestras autoridades no entienden -o no quieren entender– lo que ocurre, y abundan en las más absurdas de las majaderías, como, porejemplo, pretender una ley en la que se le dé la facultad de resolverlo a autoridad distinta e incluso restituírsela al Presidente, tal y como era y debió de seguir siendo.

Si el Congreso restituye la facultad al Presidente, nos encontraríamos con similar problema: seguiría siendo inaplicable, porque el procedimiento de su aplicación debe estar preestablecido –así lo dispone la ley- mandatoconstitucional expreso y no inventarse después… Legislar hoy para completar lo que le falta al recurso, lo dejaría como un procedimiento que no estaba preestablecido y la pena no podría aplicarse.

El camino correcto es que se plantee la inconstitucionalidad del decreto que sustrajo del Presidente la facultad de resolver el recurso de gracia, porque –al hacerlo– dejó inexistente el recurso contralo dispuesto por el propio Pacto de San José, el que establece que - en el caso de la pena de muerte- debe de existir un recurso sencillo –el de gracia entre nosotros– cuando todos los demás se agoten, y un recurso que no establezca autoridad que lo resuelva no es recurso: deja de serlo.

Si la Corte de Constitucional declara inconstitucional el decreto citado y lo hace con efectos ex nunc, es...