petrus
Páginas: 31 (7696 palabras)
Publicado: 16 de octubre de 2015
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
FECHA: 1948/04/28
Petrus (S. A. c. Impuesto a los réditos.)
PUBLICACION: LA LEY, 51, 27.
Opinión del procurador general de la Nación. La procedencia del recurso ordinario de apelación emerge de ser en este juicio parte demandada la Nación, y exceder el litigio, por su cuantía, el límite mínimo fijado por el art. 3°, inc. 2° de la ley 4055.
En lorelativo a las diversas cuestiones de fondo discutidas, una de ellas quedó eliminada del debate a partir del allanamiento de la demandada a fs. 225 vta.; otra, lo es de derecho común; y otra más puede darse por prácticamente resuelta con las consideraciones hechas por V. E. al dictar el fallo t. 204, p. 246 (1), en causa que a tal respecto guarda analogía con la actual. Expresó allí la Corte queel Congreso pudo establecer válidamente un impuesto en especie sobre el rendimiento de los pozos de petróleo, con arreglo al art. 401 del cód. de minería, modificado por ley 12.161.
Restan, entonces, como materias de mi dictamen, las siguientes: 1) si el art. 401 del cód. de minería reformado por dicha ley resulta violatorio de la Constitución nacional, en cuanto crea un impuesto, cuya sanción notuvo origen en un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados; 2) si el porcentaje a cobrarse en especie pudo ser válidamente fijado por el P. E. en el art. 25 del dec. reglamentario de la ley 12.161; 3) si la tasa, así fijada, lo fué en forma arbitraria, y además resulta confiscatoria por su monto.
Acerca de lo primero, es exacto que la ley 12.161 tuvo su origen en el Senado; mas ha dereconocerse que se trataba de una ley de reformas al cód. de minería, y como tal, pudo tener origen en cualquiera de ambas cámaras. Además, tampoco se advierte en qué pudo lesionar a los derechos individuales del impugnante que la ley tuviese origen en una Cámara o en otra. Como lo expresa el juez a fs. 151 vta., la Cámara de Diputados nada objetó a tal respecto al tiempo de sancionársela; y obvio esque las declaratorias de inconstitucionalidad a pronunciarse por la justicia debe serlo únicamente en aquellos casos en que lo justifique la violación de un derecho.
La segunda cuestión ha sido tratada por mí en el dictamen correspondiente al caso t. 204, p. 246. Por ello, me referiré a lo expresado entonces y también a los fundamentos del fallo que obra a fs. 150 de estos autos. Expuse en taloportunidad: "Cuando el art. 401 dice que «el Estado fijará» dentro de la contribución total del 12 o|o, exigida, las partes de ese porcentaje que deban pagar, respectivamente, el titular de una regalía anterior y el de la explotación, no ha entendido deferir tal discriminación a lo que ordene una ley futura. Tal postergación significaría hacer imposible el funcionamiento inmediato del sistema, loque no puede conciliarse con el texto clarísimo del mismo art. 401, en cuanto ordena se le ponga en vigencia desde la promulgación de la ley 12.161, y además, ésta autoriza «al Ejecutivo» para rebajar dicho porcentaje hasta el 8 o|o en ciertos casos.
"No es anormal y desusado que el Congreso encomiende al Ejecutivo el uso de tarifa móvil; y ejemplos de ello aparecen en las leyes de Aduana yotras... Trátase de un reconocimiento explícito del ejercicio de la facultad reglamentaria, emergente del art. 86, inc. 2° de la Constitución; sus límites están precisados en el mismo artículo no alterar el espíritu de las leyes, so color de reglamentación y en el caso sub júdice no fueron excedidos por el Poder ejecutivo, al asignar porcentajes con arreglo a las características de cada grupo decontribuyentes, tarea en cierto modo equiparable a la de clasificar casas de negocio para el pago de patente, o avaluar inmuebles para la contribución directa. A tal efecto, el Poder ejecutivo, encargado por la Constitución de percibir la renta nacional, formó las tres categorías que integran el art. 25 del decreto reglamentario; y mal podría sostenerse que no pudo recibir ni cumplir válidamente tal...
FECHA: 1948/04/28
Petrus (S. A. c. Impuesto a los réditos.)
PUBLICACION: LA LEY, 51, 27.
Opinión del procurador general de la Nación. La procedencia del recurso ordinario de apelación emerge de ser en este juicio parte demandada la Nación, y exceder el litigio, por su cuantía, el límite mínimo fijado por el art. 3°, inc. 2° de la ley 4055.
En lorelativo a las diversas cuestiones de fondo discutidas, una de ellas quedó eliminada del debate a partir del allanamiento de la demandada a fs. 225 vta.; otra, lo es de derecho común; y otra más puede darse por prácticamente resuelta con las consideraciones hechas por V. E. al dictar el fallo t. 204, p. 246 (1), en causa que a tal respecto guarda analogía con la actual. Expresó allí la Corte queel Congreso pudo establecer válidamente un impuesto en especie sobre el rendimiento de los pozos de petróleo, con arreglo al art. 401 del cód. de minería, modificado por ley 12.161.
Restan, entonces, como materias de mi dictamen, las siguientes: 1) si el art. 401 del cód. de minería reformado por dicha ley resulta violatorio de la Constitución nacional, en cuanto crea un impuesto, cuya sanción notuvo origen en un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados; 2) si el porcentaje a cobrarse en especie pudo ser válidamente fijado por el P. E. en el art. 25 del dec. reglamentario de la ley 12.161; 3) si la tasa, así fijada, lo fué en forma arbitraria, y además resulta confiscatoria por su monto.
Acerca de lo primero, es exacto que la ley 12.161 tuvo su origen en el Senado; mas ha dereconocerse que se trataba de una ley de reformas al cód. de minería, y como tal, pudo tener origen en cualquiera de ambas cámaras. Además, tampoco se advierte en qué pudo lesionar a los derechos individuales del impugnante que la ley tuviese origen en una Cámara o en otra. Como lo expresa el juez a fs. 151 vta., la Cámara de Diputados nada objetó a tal respecto al tiempo de sancionársela; y obvio esque las declaratorias de inconstitucionalidad a pronunciarse por la justicia debe serlo únicamente en aquellos casos en que lo justifique la violación de un derecho.
La segunda cuestión ha sido tratada por mí en el dictamen correspondiente al caso t. 204, p. 246. Por ello, me referiré a lo expresado entonces y también a los fundamentos del fallo que obra a fs. 150 de estos autos. Expuse en taloportunidad: "Cuando el art. 401 dice que «el Estado fijará» dentro de la contribución total del 12 o|o, exigida, las partes de ese porcentaje que deban pagar, respectivamente, el titular de una regalía anterior y el de la explotación, no ha entendido deferir tal discriminación a lo que ordene una ley futura. Tal postergación significaría hacer imposible el funcionamiento inmediato del sistema, loque no puede conciliarse con el texto clarísimo del mismo art. 401, en cuanto ordena se le ponga en vigencia desde la promulgación de la ley 12.161, y además, ésta autoriza «al Ejecutivo» para rebajar dicho porcentaje hasta el 8 o|o en ciertos casos.
"No es anormal y desusado que el Congreso encomiende al Ejecutivo el uso de tarifa móvil; y ejemplos de ello aparecen en las leyes de Aduana yotras... Trátase de un reconocimiento explícito del ejercicio de la facultad reglamentaria, emergente del art. 86, inc. 2° de la Constitución; sus límites están precisados en el mismo artículo no alterar el espíritu de las leyes, so color de reglamentación y en el caso sub júdice no fueron excedidos por el Poder ejecutivo, al asignar porcentajes con arreglo a las características de cada grupo decontribuyentes, tarea en cierto modo equiparable a la de clasificar casas de negocio para el pago de patente, o avaluar inmuebles para la contribución directa. A tal efecto, el Poder ejecutivo, encargado por la Constitución de percibir la renta nacional, formó las tres categorías que integran el art. 25 del decreto reglamentario; y mal podría sostenerse que no pudo recibir ni cumplir válidamente tal...
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