POLITICA CRIMINAL EUROPEA

Manifiesto sobre la política criminal europea
European Criminal Policy Initiative*
Preámbulo
Procedentes de diez países de la UE, los penalistas firmantes
queremos trasladar a la opinión pública europea el siguiente
manifiesto de principios de política criminal, que se corresponde con la tradición europea ilustrada, lo que implica
 que somos conscientes de que el pensamiento ilustradoeuropeo representó el fundamento y el motor de la civilización europea y, por ello también, del proceso de unificación. Por esta razón, en el futuro su preservación y profundización debe también servir de orientación,
 que estamos convencidos que de ello se deriva que cualquier regulación penal necesita del máximo de legitimación democrática y de adecuación al Estado de derecho y
que precisamente,y por esta razón, sólo una política criminal basada en los principios jurídicos liberales puede
garantizar una seguridad permanente.
Los penalistas firmantes del siguiente manifiesto deseamos
subrayar esta tradición en el proceso de integración europea,
en cuanto que el derecho penal material y procesal son también materia de este proceso. Las normas europeas de
aproximación del derechopenal determinan en la actualidad
en una medida considerable la legislación penal de los Estados Miembros. Esta tendencia será aún más intensa tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Las instituciones
europeas se ocupan, por ello, de manera muy importante de la
política criminal, sin que ésta sea reconocida como una política europea propia, y sin que en consecuencia exista una
concepciónpolítico-criminal coherente.
Los firmantes comparten sin embargo la convicción de
que una política criminal equilibrada tiene como condición
que el legislador europeo respete los principios fundamentales, relativos al Derecho penal material, que a continuación se
enuncia a la hora de emanar cualquier tipo de acto jurídico
con relevancia penal, fundamentando explícitamente su adecuación en elsentido del “good governance”. Estos principios
universales no representan un cuerpo extraño en el ordenamiento jurídico de la UE, sino que por el contrario y sin excepción pueden derivarse de sus fundamentos normativos.
I. Principios de política criminal
1. Necesidad de una finalidad de tutela legitima
El legislador europeo sólo puede ejercitar su competencia en
materia penal cuando tuteleun interés jurídico fundamental,
(a) que se derive del derecho originario de la Unión, (b) que
no esté en contradicción con las tradiciones constitucionales
de los Estados miembros y con la Carta Europea de Derechos
fundamentales, (c) y cuya lesión sea gravemente dañosa para
la sociedad.
En el derecho europeo esta exigencia se deriva del principio de proporcionalidad. Sólo cuando una normapenal sirve
a la protección de uno de estos intereses especialmente rele-

vantes, resulta legítima y proporcionada. El legislador europeo, de acuerdo con el mandato de „good governance“, debe
fundamentar detalladamente el interés protegido y que el
comportamiento punible lo lesiona de modo significativo. El
simple aseguramiento de una política de la Unión no puede
legitimar la utilizacióndel derecho penal.
2. Principio de ultima ratio
Dado que la persona es el centro de la actividad de la Unión
Europea, ésta sólo puede obligar a los Estados miembros a
incriminar determinados comportamientos cuando no existe
otro medio más leve a su disposición para la tutela del interés
protegido al que antes se hacía referencia.
Sólo atendiendo a este requisito, un acto jurídico puede
ser„necesario“ en el sentido del principio europeo de proporcionalidad, en cuanto que la sanción penal manifiesta un
juicio de desvalor ético social estigmatizador que afecta gravemente a los derechos del ciudadano tal como están cimentados, entre otros lugares, en la Carta Europea de Derechos
Fundamentales. Utilizar el derecho penal de forma inflacionaria conduce además a una pérdida de su fuerza...