Politica
Páginas: 10 (2495 palabras)
Publicado: 4 de noviembre de 2012
Políticas públicas
Entendemos por políticas públicas, siguiendo a Eugenio Lahera, los «cursos de acción desarrollados por el Gobierno, con relación a un objetivo determinado, que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desenvuelven las actividades de los individuos y de los diversos grupos sociales».
Equivale a lo que en las Naciones Unidas se denominan «políticas públicas» y deben ser globales en tres sentidos: orgánicamente en cuanto comprenden al Estado y no sólo al Gobierno; temporalmente, por cuanto exceden el período de un solo Gobierno; y políticamente, por cuanto deben necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto: organizaciones no gubernamentales, empresas, iglesias, academia, etc.
En todo caso, no puede olvidarse undato clave: toda política pública es, ante todo, política y no una técnica, aunque ésta es indispensable. Los planes de acción no son neutros, aunque sectores interesados suelen considerarlas sólo en este último aspecto.
El enfoque de derechos en regímenes democráticos
El objeto de toda política pública es la consagración del Estado de derecho, la democracia y la extensión del goce de losderechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Deberían decidirse en forma democrática e implementarse de igual manera.
El enfoque de derecho significa asumir su contrapartida, es decir, que tras el derecho hay una obligación correlativa. Por lo mismo, es necesario contemplar los medios idóneos para exigir responsabilidad por la violación de la obligación de satisfacción.Y la satisfacción comprende tres obligaciones: no violarlos, promoverlos y garantizarlos.
Lo que se pretende por derecho no se satisface por caridad. La exigibilidad, más desarrollada en los derechos civiles y políticos, es también posible respecto de los derechos sociales. Pero ciertamente no se está hablando sólo de acciones judiciales. Hay otras vías de reclamación, particularmente políticas(parlamentarias, acusaciones constitucionales, por ejemplo); administrativas (evaluación pública del impacto de las políticas públicas); cuasijudiciales (ombudsman y similares); e internacionales, a través de la denuncia internacional ante los sistemas convencional y especial de las Naciones Unidas y ante los sistemas regionales. Se trata de un viejo principio en el campo de los derechoshumanos: todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar la contribución pública y su uso; y «la sociedad tiene el derecho de pedir cuenta de su administración a todo empleado público», nos enseñaron los revolucionarios franceses hace más de doscientos años (artículos 14 y 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789).
Toda política pública basada enderechos deberá considerar como hilos conductores los principales valores que emanan de la Declaración Universal y de todos los textos declarativos y convencionales posteriores:
El principio de la dignidad de todos los miembros de la familia humana, que orienta todo el catálogo de derechos y es, además, un derecho en sí;
El principio de no discriminación, presente en todos los instrumentos dederechos humanos, convencionales y declarativos;
El principio de la sociedad democrática, único espacio en que es posible el goce los derechos humanos.
Para que el Estado pueda hacer una política pública democrática deberá partir de las demandas de la sociedad civil, para lo cual debe desde luego aceptar, pero además educar y promover, el «empoderamiento» de la sociedad civil. «La formaelitista, secreta y tecnocrática en que se han realizado los procesos de ajuste en América Latina no pueden ser reproducidos para el caso de la reforma del sector social», dice el sociólogo peruano Felipe Portocarrero.
Lamentablemente, los cambios que ha producido el proceso de globalización en curso han debilitado el rol del Estado. La globalización es conducida sin reglas, salvo las que el mercado...
Entendemos por políticas públicas, siguiendo a Eugenio Lahera, los «cursos de acción desarrollados por el Gobierno, con relación a un objetivo determinado, que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desenvuelven las actividades de los individuos y de los diversos grupos sociales».
Equivale a lo que en las Naciones Unidas se denominan «políticas públicas» y deben ser globales en tres sentidos: orgánicamente en cuanto comprenden al Estado y no sólo al Gobierno; temporalmente, por cuanto exceden el período de un solo Gobierno; y políticamente, por cuanto deben necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto: organizaciones no gubernamentales, empresas, iglesias, academia, etc.
En todo caso, no puede olvidarse undato clave: toda política pública es, ante todo, política y no una técnica, aunque ésta es indispensable. Los planes de acción no son neutros, aunque sectores interesados suelen considerarlas sólo en este último aspecto.
El enfoque de derechos en regímenes democráticos
El objeto de toda política pública es la consagración del Estado de derecho, la democracia y la extensión del goce de losderechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Deberían decidirse en forma democrática e implementarse de igual manera.
El enfoque de derecho significa asumir su contrapartida, es decir, que tras el derecho hay una obligación correlativa. Por lo mismo, es necesario contemplar los medios idóneos para exigir responsabilidad por la violación de la obligación de satisfacción.Y la satisfacción comprende tres obligaciones: no violarlos, promoverlos y garantizarlos.
Lo que se pretende por derecho no se satisface por caridad. La exigibilidad, más desarrollada en los derechos civiles y políticos, es también posible respecto de los derechos sociales. Pero ciertamente no se está hablando sólo de acciones judiciales. Hay otras vías de reclamación, particularmente políticas(parlamentarias, acusaciones constitucionales, por ejemplo); administrativas (evaluación pública del impacto de las políticas públicas); cuasijudiciales (ombudsman y similares); e internacionales, a través de la denuncia internacional ante los sistemas convencional y especial de las Naciones Unidas y ante los sistemas regionales. Se trata de un viejo principio en el campo de los derechoshumanos: todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar la contribución pública y su uso; y «la sociedad tiene el derecho de pedir cuenta de su administración a todo empleado público», nos enseñaron los revolucionarios franceses hace más de doscientos años (artículos 14 y 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789).
Toda política pública basada enderechos deberá considerar como hilos conductores los principales valores que emanan de la Declaración Universal y de todos los textos declarativos y convencionales posteriores:
El principio de la dignidad de todos los miembros de la familia humana, que orienta todo el catálogo de derechos y es, además, un derecho en sí;
El principio de no discriminación, presente en todos los instrumentos dederechos humanos, convencionales y declarativos;
El principio de la sociedad democrática, único espacio en que es posible el goce los derechos humanos.
Para que el Estado pueda hacer una política pública democrática deberá partir de las demandas de la sociedad civil, para lo cual debe desde luego aceptar, pero además educar y promover, el «empoderamiento» de la sociedad civil. «La formaelitista, secreta y tecnocrática en que se han realizado los procesos de ajuste en América Latina no pueden ser reproducidos para el caso de la reforma del sector social», dice el sociólogo peruano Felipe Portocarrero.
Lamentablemente, los cambios que ha producido el proceso de globalización en curso han debilitado el rol del Estado. La globalización es conducida sin reglas, salvo las que el mercado...
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