politicas
Páginas: 4 (924 palabras)
Publicado: 27 de febrero de 2014
La ley 1448, “Ley de Víctimas”
Sobre los alcances de esta ley se han pronunciado varios analistas entre ellos un equipo de consultores de la Universidad de Los Andes y la Comisión Colombiana deJuristas (CCJ) instancias que han elaborado cuidadosos análisis de esta pieza jurídica, examinando su contexto socio-político y las omisiones y vulneraciones de derechos en contra de las víctimas. Losprimeros se plantean la pregunta central: ¿es viable la restitución de tierras y territorios a los desterrados? No pueden pasarse por alto los intereses que han generado y se han lucrado deldesplazamiento, tanto en términos de las tierras usurpadas como de la voluminosa oferta de mano de obra creada con el desplazamiento. Es indudable que estos intereses continúan siendo dominantes en lasdecisiones económicas y políticas del estado, lo cual da pleno sentido al cuestionamiento de la viabilidad e la restitución.
El análisis del contexto destaca igualmente los efectos de la Política Nacionalde Consolidación e informa cómo, de acuerdo con CODHES, “un total de 280 mil personas fueron desplazadas en el año 2010, de las cuales el 32.7% provenían de las llamadas zonas de consolidación”.
Enlo atinente a los contenidos de la ley y dentro de sus observaciones puntuales, la CCJ señala cómo el numeral 3 de su artículo 77 favorece a los opositores en un reclamo ante usurpación de tierras eigualmente llama la atención sobre los “contratos de uso”, objeto del artículo 99. Se trata de las instalaciones establecidas por ocupantes “de buena fe” en los predios demandados por personasdesplazadas. En estos casos el bien no sería restituido a la víctima y en lugar de ello el magistrado a cargo del caso autorizaría un contrato entre el ocupante y la víctima, a la cual se reconocería “unaretribución”. Llanamente se trata de la legalización del despojo.
El proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural
No podría ser fácil el camino de la “ley de tierras y desarrollo rural”. En sus...
Sobre los alcances de esta ley se han pronunciado varios analistas entre ellos un equipo de consultores de la Universidad de Los Andes y la Comisión Colombiana deJuristas (CCJ) instancias que han elaborado cuidadosos análisis de esta pieza jurídica, examinando su contexto socio-político y las omisiones y vulneraciones de derechos en contra de las víctimas. Losprimeros se plantean la pregunta central: ¿es viable la restitución de tierras y territorios a los desterrados? No pueden pasarse por alto los intereses que han generado y se han lucrado deldesplazamiento, tanto en términos de las tierras usurpadas como de la voluminosa oferta de mano de obra creada con el desplazamiento. Es indudable que estos intereses continúan siendo dominantes en lasdecisiones económicas y políticas del estado, lo cual da pleno sentido al cuestionamiento de la viabilidad e la restitución.
El análisis del contexto destaca igualmente los efectos de la Política Nacionalde Consolidación e informa cómo, de acuerdo con CODHES, “un total de 280 mil personas fueron desplazadas en el año 2010, de las cuales el 32.7% provenían de las llamadas zonas de consolidación”.
Enlo atinente a los contenidos de la ley y dentro de sus observaciones puntuales, la CCJ señala cómo el numeral 3 de su artículo 77 favorece a los opositores en un reclamo ante usurpación de tierras eigualmente llama la atención sobre los “contratos de uso”, objeto del artículo 99. Se trata de las instalaciones establecidas por ocupantes “de buena fe” en los predios demandados por personasdesplazadas. En estos casos el bien no sería restituido a la víctima y en lugar de ello el magistrado a cargo del caso autorizaría un contrato entre el ocupante y la víctima, a la cual se reconocería “unaretribución”. Llanamente se trata de la legalización del despojo.
El proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural
No podría ser fácil el camino de la “ley de tierras y desarrollo rural”. En sus...
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