Potestad Sancionadora De La Administración Pública (Ley 30/92)

POTESTAD SANCIONADORA
Por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se aprueba el Reglamento del procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, viene reconocida en el artículo 25 de la Constitución española, al incluir como causa de sanciones prevista por la Ley, la opción de infracciones administrativas, situándolasjunto a las condenas derivadas de delitos o faltas propias del procedimiento penal. La principal diferencia respecto a éste último, viene también especificada en el propio artículo 25.3 de la Constitución, que señala que la Administración, en ningún caso, podrá impones sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Le Ley 30/92 regula la Potestad Sancionadora en el TítuloIX: “De la Potestad Sancionadora”, que contiene, a su vez, dos capítulos: el Capítulo I, “Principios de la Potestad Sancionadora” y el Capítulo II, por otro lado, “Principios del Procedimiento Sancionador”. Esta regulación, abarca desde el artículo 127 al artículo 138 de la Ley.
Como hemos dicho, el Capítulo I, del Título IX, sobre la Potestad Sancionadora”, de la Lay 30/92, versa sobre losPrincipio del Procedimiento Sancionador”. Aquí intentaremos hacer una síntesis de los mismos, basándonos en la lectura de los artículos que los regulan, que irán desde el artículo 127 al artículo 133 de la Ley 30/92.
A tenor del artículo 127, la Potestad Sancionadora de la Administración Pública, se ejercerá cuando haya sido reconocida por una norma con rango de Ley, aplicando el procedimientoprevisto y de acuerdo con lo establecido en el Título IX de esta Ley. En el caso de las entidades locales, dicha Potestad Sancionadora se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El ejercicio de dicha potestad, corresponde a los órganos administrativos que la tengan atribuida de forma expresa.
Serán de aplicaciónlas normas administrativas sancionadoras vigentes en el momento de los hechos que provocan la infracción. La retroactividad de las normas administrativas sólo se admitirá cuando resulte favorable al presunto infractor. Por lo tanto, irretroactividad como norma general en el sistema sancionador de la Ley 30/92, recogida en el artículo 128.
Según el artículo 129, sólo podrán imponerse sanciones porcometer infracciones administrativas, pero dichas sanciones estarán delimitadas por la Ley. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
En cuanto a la responsabilidad, el artículo 130 de la Ley establece que sólo las personas físicas o jurídicas responsables de los actos que constituyen la infracción podrán ser sancionados por ellos. Puedeexigírsele al infractor la reposición a su estado originario de la situación alterada por el mismo, así como la indemnización de daños y perjuicios causados. Cuando el cumplimiento corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria tanto de las infracciones que cometan como de las sanciones que se les impongan.
El principio de proporcionalidad se recoge en el artículo 131 deesta ley, según el cual las sanciones impuestas por la vía administrativa, jamás podrán suponer privación de libertad. Para la imposición de sanciones por parte de las Administraciones públicas, debe guardarse una relación entre la gravedad de la infracción y la sanción que va a aplicarse. El artículo que nos ocupa, sienta los siguientes criterios en esta materia: 1) Existencia de intencionalidado reiteración; 2) La naturaleza de los perjuicios causados y 3) La reincidencia.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo que las leyes que las dispongan establezcan. En su defecto, se prevé para las infracciones muy graves un plazo de prescripción de 3 años, para las graves, de dos años y para las leves, prescripción a los seis meses. Este plazo comenzara a contarse desde el día en...