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PRÓLOGO

Realizar un adecuado juicio de tipicidad, constituye una garantía del debido proceso penal para delimitar el marco concreto de imputación ob­teniendo como consecuencia una actuación efectiva del ius punendi, con pleno respeto de los derechos humanos de quienes eventualmente se en­cuentren procesados.
Los operadores jurisdiccionales, tanto en el Ministerio Público, como del PoderJudicial ostentan alta responsabilidad en el manejo de los casos a su cargo; todos ellos deben ser tratados con la misma importancia para cautelar, prevenir y reprimir las conductas sancionadas en la Ley penal en estricto cumplimiento del contrato social.
Ciertamente, según Dworkin, surgirán casos difíciles para los cuales el derecho no tiene una respuesta concreta, por ello el marco de interpretaciónotorgado al Juez no debe exceder los parámetros que los principios gene­rales del derecho han establecido de manera debida en el sistema romano- germánico.
Durante estos años he indicado que los jueces no tenemos función le­gislativa; sino conforme al artículo 138 de la Constitución Política del Perú, se nos ha asignado la labor de impartir justicia a nombre del pueblo; y en todo momento laactuación judicial debe estar sometida al imperio de la Ley emitida en el marco de la legitimidad democrática, en tanto sea conforme a la Constitución (De no serlo corresponde el deber del control constitucional difuso).
La dirección de un despacho, sea judicial o fiscal, exige cumplir las labores inherentes a la decisión sobre derechos de terceras personas, cons­tituye una constante diaria, en que seencuentran comprendidos los aboga­dos que optaron por el ejercicio libre de la profesión o quienes forman parte del escalón de defensores públicos, profesionales del Derecho que al momento de hacerse cargo de un caso y si se trata de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se debe contar con los instrumentos necesarios para efectuar un adecuado desempeño funcional en el proceso.
Es claro quela protección de la niñez y la adolescencia no es una ma­teria que incumbe sólo a la administración de justicia; la responsabilidad es compartida en el día a día de nuestro proceder. La protección de los bienes jurídicos de trascendencia es en esencia una labor que debe ser por tanto ejercida por los sectores indicados con responsabilidad técnica y ética.
El presente conjunto de instrumentos hasido elaborado atendiendo a la necesidad que tienen los operadores de justicia sea del Ministerio Público como del Poder Judicial, la abogacía y los estudiantes de Derecho del País para mejorar el análisis integral de las normas, el tratamiento de la evolución legislativa y el adecuado manejo del método histórico para la aplicación de la norma penal. En la primera parte presentamos ¡deasfundamentales para la elaboración de pronunciamientos jurisdiccionales, en ella se realiza las operaciones de disgregación de supuestos tácticos de un tipo penal, labor que se vino fomentando en los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y atrajo interés tanto en el VI Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial- organizado por la Red Latinoamericanade Jueces y la Universidad de Barcelona, en noviem­bre de 2012, en la ciudad de Toluca México: y en la Primera Conferencia Re­gional sobre Administración de Tribunales en un mundo de cambio llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires Argentina en mayo del presente año. La disgregación de tipos penales permitirá delimitar la imputación concreta ofreciendo mayor certeza al iter procesal: es necesariocatalogar todas las conductas prohibidas en las normas penales.
Así también se consignan tres pronunciamientos emitidos por la Supe­rior Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cuyo alcance permitirá analizar la basta doctrina desarrollada, desde la perspectiva de la justicia material, esto es un análisis del caso por caso a partir de actuacio­nes tanto del Ministerio Público,...