practica



LA PLATA, 09 de Enero de 2014


VISTO la Resolución Nº1 de esta Subsecretaria de Política Criminal del 7 de Octubre de 2013 que derogó el Protocolo de Requisas Nº 3327/06 y dispuso la conformación de una comisión redactora encargada de elaborar un anteproyecto normativo referido a las requisas a familiares de detenidos que recepte los límites y estándares constitucionales que rigen lamateria; y,

CONSIDERANDO:
Que las requisas son una medida preventiva de seguridad y constituyen mecanismos necesarios para evitar el ingreso o circulación en los establecimientos penitenciarios de elementos no permitidos que puedan atentar contra la seguridad, la vida o la integridad física de las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario.
Que al respecto, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre las personas privadas de la libertad en las Américas sostuvo que “las autoridades del Estado tienen el deber ineludible de garantizar el buen orden y la seguridad interna en los centros de privación de libertad”, que “debe asegurarse que las requisas sean correcta y periódicamente realizadas, destinadas a la prevención de la violencia y laeliminación del riesgo” y que “las requisas o inspecciones en las instalaciones donde los reclusos viven, trabajan o se reúnen son un mecanismo necesario para el decomiso de efectos ilegales”.
Que las requisas deben practicarse respetando los derechos fundamentales, plasmados en los estándares nacionales e internacionales, tales como el respeto a la integridad física, psíquica y moral, laprohibición de tratos degradantes, la garantía de que no existirán arbitrariedades ni tratos abusivos y la no trascendencia de la pena mas allá de la persona privada de libertad.
Que entre varias alternativas para alcanzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, debe optarse por aquella que restrinja en menor medida los derechos protegidos, de manera que constituya un balance entre el interéslegítimo de los familiares y de los internos de realizar visitas sin restricciones arbitrarias o abusivas y el interés público de garantizar la seguridad en las penitenciarias.
Que la Ley Nacional N° 24.660 establece en su articulo 163 que ‘’ el visitante y sus pertenencias por razones de seguridad serán registrados. El registro dentro del respeto a la dignidadde la persona humana será realizado o dirigido según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del visitante. El registro manual en la mediada de lo posible será sustituido por sensores no intrusivos o de otras técnicas no tácticas apropiadas y eficaces’’.
Que se debe estimular el contacto entre las personas privadas de la libertad y sus familiares, y que en talsentido la CIDH afirmo en su informe N° 67/06 que ‘’el Estado tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la necesidad que cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento’’. En el mismo sentido, la Ley Nacional Nº 24.660establese en su articulo 168 que ”las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren conveniente para ambos, y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas”.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece su articulo 5 que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”, y que la misma Convención indica en su articulo 17 que “ lafamilia es el elemento natural de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.
Que la CIDH en su informe Nº 38/96 subraya que “el visitante o miembro de la familia que procure ejercer su derecho en una vida familiar no debe convertirse automáticamente en sospechoso de un acto ilícito y no puede considerarse, en principio, que represente en una amenaza grave para la seguridad”....