practica

Suspensión provisional
Resulta claro que el juicio de amparo es un sistema o medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, cuando por virtud de estos se le cause agravio al gobernado.

De ello se concluye que el fondo del juicio, o la controversia básica, consiste en que el órgano de control resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.En el primer caso la protección federal se le negará al quejoso; en el segundo, en cambio, se le concederá.

Será esa, pues, la principal cuestión a resolver en el juicio de garantías. Ella será la materia primordial de la litis, caracterizada por la lucha del quejoso en el sentido de que se declare la inconstitucionalidad del acto, y la de la autoridad responsable y el tercero perjudicado, silo existe, a efecto de que se declare su constitucionalidad.

Sin embargo, además de esa controversia primaria, en muchos juicios se da otra cuya relevancia es anegable. La cual consiste en que se decida sobre si se concede o no la suspensión del acto reclamado. Aquí el órgano de control no debe ni tiene por qué analizar sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad del acto que el quejosodice le agravia, sino exclusivamente si se cumplen o no los requisitos para decretar su suspensión. Por tanto, en el incidente suspensional la litis será completamente ajena a las cuestiones meramente constitucionales, ello a pesar de algunas teorías u opiniones en el sentido de que para el otorgamiento de la suspensión se debe hacer un análisis sobre la aparente inconstitucionalidad del acto.Teorías, estas últimas, que extralimitan las finalidades de este breve trabajo.

De los requisitos que debe analizar el juez de distrito para decretar la suspensión está, entre otros, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público. En ello radicará parte de la contienda dentro del incidente de suspensión. Así, mientras que el quejososostendrá que con la suspensión no se provoca dicho perjuicio o contravención, la autoridad responsable y el tercero perjudicado, si lo existe, harán lo propio, pero en el sentido de que sí se originarán dichos fenómenos ominosos.

Ahora bien, para decretar la suspensión definitiva del acto reclamado, el juez de amparo dispone de un lapso para analizar y resolver; además contará con lasafirmaciones, elementos y pruebas que aporten el quejoso, por un lado, y la responsable y el tercero perjudicado, por el otro. La interlocutoria suspensional será, por tanto, de carácter eminentemente jurisdiccional, pues en base a lo existente en autos decide una cuestión entre partes opuestas.

Sin embargo, existe una cuestión que nos llama la atención en la suspensión provisional del acto reclamado.Según el primer párrafo del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha medida se podrá otorgar si se dan, entre otros extremos, los requisitos previstos en el artículo 124 del referido cuerpo legal. Entre esos requisitos encontramos el que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan normas de orden público.
Según el precepto legal en comento, el referido tipo desuspensión se otorgará con la sola presentación de la demanda. Esto es, no habrá etapa probatoria que oriente el criterio del juez para conceder o negar la medida. Al respecto caben varias interrogantes: ¿el juez tendrá elementos que lo lleven a afirmar que se cumple o no con los requisitos ya señalados? ¿Tendrá el tiempo suficiente para analizar y resolver al respecto? Y una vez decidido en uno yotro sentido, ¿con qué óptica tomar ello en el incidente, en el cual deberá resolver si se cumplen las tantas veces citados requisitos, y con base en ello decidir sobre la suspensión definitiva, en donde su conclusión puede ser distinta de aquella a la que originalmente llegó? Es a este tema al que quisiéramos destinar las líneas siguientes, pero para hacerlo en forma ordenada primeramente...