practicas administrativoI

SEPARA2, operador de telecomunicaciones con licencia B2, presenta el 14 de abril una solicitud ante el Ayuntamiento de Marbella para instalar sus infraestructuras de telecomunicaciones, de acuerdocon el derecho a la ocupación del dominio público que le otorga la Ley General de Telecomunicaciones.

El Ayuntamiento aprobó en su momento una ordenanza en la que limita el ejercicio de tal derechoal cumplimiento de los requerimientos medioambientales y urbanísticos y en donde sujeta el ejercicio del derecho a la ocupación a un procedimiento especial, en donde se concretan las fases delprocedimiento, requisitos que han de cumplimentar y documentación que es preciso aportar.

Transcurrido el plazo de resolución, el operador inicia las obras para la instalación de las canalizacionessubterráneas, lo que es impedido por la policía municipal. Solicitadas las aclaraciones correspondientes, el Ayuntamiento informa que no pueden realizar esas obras habida cuenta de que no tiene licencia deobras ni concesión para la ocupación demanial, tal y como se exige en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. Asimismo, cinco días después dicta una resolución por la que impone aloperador la obligación de reponer los bienes a la situación anterior a las obras realizadas y le impone una multa de 25.000€

Tres meses después de rechaza de forma expresa la petición del operador debidoa que: a) no ha cumplido con el requisito de aportar la copia de inscripción en el registo mercantil; b) no ha incorporado medidas para garantizar el establecimiento de cabinas telefónicas en la víapública, tal y como se exige en la ordenanza; c) no ha cumplido con el procedimiento que recoge la referida ordenanza; y d) por que no se ha aprobado todavía el plan especial en donde se recogerá laubicación exacta de las infraestructuras.

Los servicios jurídicos del operador le solicitan asesoramiento sobre la legalidad de la actuación municipal.





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