Practico-redes-28/08/14--POSSE

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sent tres reglas claras. La primera que la Constitucin y los tratados de derechos humanos no slono prohben la realizacin de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda vctima de una violacin en atencin a los principios de igualdad, dignidad de laspersonas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artculo 86, inciso 2, del Cdigo Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que ste slose aplica respecto de la vctima de una violacin que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestin se judicializara a lo largo del pas con resultados adversos y, enalgunos casos, con riesgo a la realizacin del aborto o a la salud de la madre. La segunda que los mdicos en ningn caso deben requerir autorizacin judicial para realizar esta clase de abortos, debiendopracticarlos requiriendo exclusivamente la declaracin jurada de la vctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violacin. La tercera que los juecestienen la obligacin de garantizar derechos y su intervencin no puede convertirse en un obstculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las quequedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su mdico. Por su parte, el juez Petracchi entendi que el recurrente no haba justificado debidamente por qu slo deba permitirse que sepracticara esta clase de abortos a las vctimas de una violacin que presentaban deficiencias psquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. tambin haba sido vctima de un ataque a suintegridad sexual y consider que ste tampoco haba demostrado que fuera inconstitucional la solucin adoptada por el legislador frente al conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien result...