PREVARICATO

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL DELITO DE PREVARICATO A LA LUZ DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Por mandato constitucional, los representantes del Ministerio  Público tienen diversas atribuciones[1] dentro de las cuales se encuentra emitir dictámenes previos a las resoluciones judiciales.
Así, los dictámenes que emitan los representantes del Ministerio Público tienen que encontrarse ajustados a derechoy sin ser contrarios al texto expreso de la ley, ni basarse en prueba inexistentes o hechos falsos, así como tampoco apoyarse en normas derogadas, puesto que, de contrariarse el texto expreso de la Constitución, se estaría incurriendo en el ilícito penal del delito de Prevaricato, recogido en el artículo Nº 418 del Código Penal peruano[2].
Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal de2004 el actuar de los representantes del Ministerio Público, específicamente Fiscales Penales, a fin de materializar sus actos, pretensiones, así como pedir algo al Juez de Investigación Preparatoria, se harán por medio de Disposiciones, Requerimientos, y Providencias fiscales, según lo prescribe el actual Código Procesal Penal en sus artículos 64.1[3], y 122[4], pero y no emitirán Dictamen previoa la resolución judicial como lo expresa el Código Penal, y la Constitución Política del Perú.
Si bien el artículo Nº 159.6 de la Constitución Política del Perú y el artículo Nº 418 del Código Penal guardaron una armonía expresa en cuando a la expresión Dictamen, esto no sucede hoy con el nuevo Código Procesal Penal de 2004, percibiéndose así una aparente contradicción que ha originado que sehayan presentado ante el Congreso algunos proyectos de ley, como el Nº 01931-2012-CR, que propone ampliar los supuestos típicos del delito de prevaricato cometido por un fiscal, incluyendo no solo la emisión de dictámenes contrarios a Derecho, sino también de disposiciones o requerimientos ilegales.
Ubicándonos en un espacio y tiempo, actualmente la norma penal es clara, el fiscal penal que ejercefunciones en las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas con el nuevo Código Procesal Penal ya no emiten dictámenes fiscales; por lo que, si reflexionamos de acuerdo al viejo y obsoleto Principio de Legalidad penal a secas, establecido en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, que prescribe: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigenteal momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”, entenderemos que no se reprimirá penalmente a un fiscal penal (que ejerce funciones con el nuevo Código Procesal Penal) que haya emitido Dictámenes y Requerimientos contrarios al texto expreso y claro de la ley, o citado pruebas inexistentes o hechos falsos, o se haya apoyado en leyessupuestas o derogadas, puesto que la norma expresa señala Resoluciones y Dictámenes.
Sin embargo, si reflexionamos razonablemente el Principio de Legalidad conforme a la Constitución, previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal en concordancia a lo previsto en el artículo 2, inciso 24, apartado d) de la Constitución Política del Perú, así como aplicando el principio de Unidadde la Constitución, podremos entender que, en realidad no ha variado en absoluto el contenido de la figura jurídico penal del delito de Prevaricato, máxime si la Constitución Política del Perú de 1993 reproduce “casi” igual lo que señalaba la Constitución Política del Perú de 1979 en su artículo 250 apartado 6, que expresamente señalaba: El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamenteorganizado. Le corresponde: Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que la ley contempla. Esto es, la Constitución Política del 93 ha seguido la secuencia de la Constitución del 79 (con su modificación terminológica y de instancia suprema, correspondiente) y más aún, ha seguido la posición del Código Penal de 1991 que el antecedente en tal año del...