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El escenario regional señala un incremento de las inversiones en industrias extractivas y en proyectos de infraestructura, muchas de ellas en áreas con predominancia de población indígena y/ozonas de importancia para la conservación. Salvo pocas excepciones, estas poblaciones son débiles en su comprensión de los procesos de formulación de políticas públicas, en el manejo de informaciónsobre temas que los afectan y en el flujo de comunicación entre las bases y la dirigencia. Los gobiernos, por el otro lado, enfrentan grandes dificultades en encontrar maneras efectivas decomunicación con las poblaciones indígenas y de colaboración intercultural. Los movimientos sociales plantean retos importantes a la legitimidad de las políticas y demandan mayor participación en laorientación de las mismas.

Sin embargo, con las herramientas adecuadas, se puede evitar que las relaciones entre los actores de un conflicto se deterioren a tal punto que su conducta puedacausar no sólo el deterioro irreparable de un recurso natural sino también la pérdida del sustento de vida de poblaciones enteras, con las negativas consecuencias sociales que ello trae en términosde disrupción del tejido social, pérdida de tradiciones, y migración.

La región no ha logrado la capacidad adecuada para desarrollar procesos de prevención y manejo de los conflictos que surjandurante – y, a veces, como producto de - la puesta en práctica de políticas de utilización de recursos naturales. Por ello, varios expertos e instituciones de Sudamérica están desarrollando yprobando modelos de análisis, prevención y resolución de conflictos socio-ambientales que sean sensibles a las características señaladas de la región. Entre ellos figura la Fundación FuturoLatinoamericano, cuya misión es promover el diálogo constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e institucionales, y articular procesos para el desarrollo sostenible en América Latina.