Principios que informal el proceso penal

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE
INFORMAN EL PROCESO PENAL

El Estado de Guatemala, como casi todos los estados modernos, ha optado por organizarse con el fin de proteger a la persona humana y a su familia, planteando como fin supremo el bien común (CPRG, art. 1). Para lograr esta finalidad, se propone garantizar a los habitantes: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y eldesarrollo integral de la persona (CPRG, art. 2).

Esa garantía y fin planteados conllevan implícitamente a la necesidad de reconocer que existe, y existirá, cierto nivel de conflictividad que se debe resolver de conformidad con acuerdos y formas racionales que protejan a todos los interesados.
Esta afirmación implica, a su vez, que el Estado expropia al individuo de la potestad de resolverdeterminados conflictos por sus propias manos y que la monopolización del poder penal representa un modo "civilizado" de resolver conflictos. Para el efecto, la Constitución asigna a sus órganos, entre otras, las siguientes funciones: a los tribunales de justicia, la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados (CPRG art. 203); al Ministerio Público, velar por el estricto cumplimientode las leyes y el ejercicio de la acción penal pública (CPRG art. 251). Por su parte, a los funcionarios los instituye en depositarios de la autoridad (CPRG art. 152).
La monopolización del poder punitivo en manos del Estado genera un problema: en la
1Los cálculos que organizaciones de defensa y protección de los derechos humanos en el nivel nacional e internacional, manejan al respecto revelanlas cifras siguientes: 100 000 ejecuciones extrajudiciales; 45 000 desapariciones forzadas; 20 000 viudas; 150 000 huérfanos y un millón de desplazados. Aunque no son cifras oficiales, sí han sido manejadas por instancias supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos humanos y las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, como parámetros para sus labores humanitarias.Práctica, este poder se constituye en el medio más poderoso de control social. Su utilización puede servir tanto para preservar la paz social, como para ejercer control y persecución política, sobre sectores disconformes con la manera de ejercer el poder.
Aplicado racionalmente, el deber ser que plantea la Constitución consiste en garantizar la vida, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de lapersona.
Para reducir los riesgos que implica depositar el poder punitivo en manos del Estado y su uso arbitrario, es necesario construir un programa racional, que lo constituye el estado de derecho; este se conforma fundamentalmente por el conjunto de declaraciones de derechos y garantías que intentan proteger a los individuos contra el uso arbitrario de dicho poder.
Tal conjunto de garantíasconstituyen el marco político, que cumple al menos dos funciones específicas2: 1) asegurar el empleo de técnicas de definición y de comprobación de los presupuestos de la pena encaminadas a reducir en lo posible el poder judicial arbitrario y satisfacer el modelo de manera siquiera parcial y tendencial y 2) como criterio de valoración del grado de validez o legitimidad y, a la inversa, deinvalidez o ilegitimidad— constitucional de nuestras instituciones penales y procesales y de su funcionamiento concreto. De esta manera, la configuración y aplicación de la ley procesal y penal constituye derecho constitucional aplicado.
La construcción de estos principios políticos no sólo debe tener como eje rector la
Constitución sino también lo relativo a los compromisos internacionales enmateria de derechos humanos, que en Guatemala y de conformidad con lo establecido por el artículo 46, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
El objetivo de este apartado es plantear cómo la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Guatemala desarrollan estos principios y que en sí constituyen el marco dentro del cual se debe desarrollar la ley procesal penal.
Por razones...