Pro sen

def, organización prosenderista. (Archivo El Comercio)
El miércoles pasado en nuestro editorial “El diablo está en los detalles” nos pronunciamos en contra del proyecto de ley del gobierno que buscacriminalizar hasta con ocho años de cárcel a quien apruebe, niegue o minimice los actos que según una ley, una sentencia judicial o una comisión especial –por ejemplo la Comisión de la Verdad yReconciliación – califiquen como terrorismo.
Sostuvimos que, si bien la mayoría de peruanos puede estar de acuerdo con que Sendero Luminoso fue una banda terrorista que devastó al Perú, no existe unacuerdo generalizado sobre la mayoría de hechos específicos de esa época. Los grandes acontecimientos históricos respecto de los que parece existir consenso, dijimos, realmente están compuestos por milesde historias particulares sobre las que solemos diferir. Por ejemplo, la cantidad real de muertes, la autoría específica de cada atentado o la existencia de responsabilidad del Estado, por solo nombraralgunas. Por esta razón, es falso que pueda llegar a existir una “verdad oficial” y, como hay varias versiones de los hechos concretos, los tribunales que juzgarían a los negacionistas tendrían queescoger en cada caso la “verdad” con la que ellos coincidan y sobre la base de ella decidir quién va a la cárcel.
Existen, no obstante, más argumentos en contra de la propuesta del Ejecutivo. Y nosparece necesario seguir exponiéndolos pues hay en juego un principio demasiado importante: la libertad de expresión.
Se ha dicho que criminalizar la negación de actos terroristas no atenta contra estederecho pues el mismo tiene límites. En este Diario, por supuesto, no sostenemos que se trate de un derecho absoluto. Como dijo el juez estadounidense Oliver W. Holmes, quien causa pánico al gritar“fuego” en un teatro sabiendo que realmente no hay un incendio y pone así en riesgo las vidas de los asistentes no puede ampararse en la libertad de expresión para defender lo que hizo.
Las palabras...