Probabilidad y estadistica

El Gobierno mexicano acatará el fallo con el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabiliza al Estado por la violación de dos mujeres indígenas, perpetrada por militares en el 2002, en el Estado de Guerrero.
Se trata de los casos de Inés Fernández Ortega, violada en su casa por tres soldados en presencia de sus hijos, y de Valentina Rosendo Cantú, abusada por un grupo demilitares cuando lavaba ropa en un arroyo, a la edad de 17 años.
Las denuncias ante las autoridades civiles no obtuvieron respuesta alguna y en el caso de Valentina Rosendo hasta se le denegó la atención médica, aduciendo que querían evitar problemas con los militares.
La CIDH responsabilizó al Estado mexicano de la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobreDerechos Humanos y otros tratados internacionales que protegen la integridad personal. Asimismo, concluye que las autoridades no cumplieron con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de los delitos. La Corte Interamericana ordenó también "adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar conlos estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Alegría
Uno de los abogados de las víctimas, Santiago Aguirre Espinoza, vinculado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchionollan del Estado de Guerrero, manifestó a Radio Nederland que están alegres por el fallo, sobre todo porque Inés Fernández y Valentina Rosendo han recibido lasentencia con mucho beneplácito, en cuanto es la primera vez que una instancia oficial escucha sus palabras y les asigna la credibilidad que ellas esperaban haber recibido desde el primer momento. Se trata del reconocimiento de la palabra que sostuvieron ellas durante más de ocho años, que siempre fue puesta en duda y que ahora, la CIDH reconoce en su justa dimensión y le asigna un valor preponderante.Acatamiento del fallo
El doctor Aguirre Espinoza comentó que “después de una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano está obligado a cumplir exacta y cabalmente la resolución. No se trata de una recomendación sino de un fallo judicial de un tribunal que el propio Estado ha reconocido competente para juzgar sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Sinembargo, existen antecedentes de incumplimiento. Por eso nosotros estamos conscientes de que el camino que siguen Inés y Valentina no es sencillo y que, para lograr un cumplimiento como el que esperamos, necesitaremos generar mecanismos de monitoreo muy estrecho al comportamiento de las autoridades mexicanas”.
Justicia Militar
Al consultársele sobre la facilidad con que se realizarán las reformas alCódigo de Justicia Militar, el doctor Aguirre Espinoza respondió negativamente. “La Corte Interamericana ordena medidas de diversa índole y diversa naturaleza,” explica, “algunas tienen que ver estrictamente con el ámbito del acceso a la justicia de ellas como víctimas, en términos del procesamiento de los responsables de la violación sexual que sufrieron, que la Corte consideró como un acto detortura. Otras medidas tienen que ver con modificar estructuras que permiten que estos hechos en México sigan ocurriendo. Una de estas medidas está relacionada con la reforma del fuero militar mexicano. Lamentablemente, se sigue aplicando el fuero militar de una manera expansiva, lo cual contraviene los requisitos de excepcionalidad que la CIDH ha fijado. La justicia castrense sigue realizando lasinvestigaciones de graves violaciones a derechos humanos, situación que, en México, se traduce en impunidad”.
Indemnización económica
La Corte ordenó al Estado pagar daños y perjuicios a Rosendo Cantú y a las entidades que apoyaron su denuncia, por la suma de 41.500 dólares estadounidenses, mientras que deberá asignar a Fernández, varios de sus familiares y los organismos humanitarios que...