Procesal Penal Intervencion De Los Particulares

INTERVENCION DE LOS PARTICULARES EN LA ACTIVIDAD ACUSATORIA. FALLO SANTILLAN CSJN
S 1009 XXXII; 

Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación. 

13/08/1998

T. 321, P. 2021

Si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, todoaquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma.

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que derivó de una serie depreceptos contenidos en la ley procesal penal que estimó como regulatorios de la intervención que le corresponde al representante del ministerio público, consecuencias respecto de la intervención reconocida al querellante particular que significaron privar de jurisdicción al tribunal oral para formular un juicio final de culpabilidad o inocencia con apoyo en la pretensión punitiva de la partecitada en último término.

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que, como consecuencia de las facultades conferidas por el actual ordenamiento procesal al representante del ministerio público para el ejercicio de la acción penal pública, la actuación del querellante particular no era autónoma respecto de aquel órgano y que, postulada la absolución por el primero, el pedido decondena de la querella no era suficiente para habilitar al tribunal a emitir un pronunciamiento de condena

Aun cuando el a quo estimase que la norma que surge del art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación ofrece distintas interpretaciones posibles, no debió optar por aquella que fue en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego, con serio menoscabo de los derechos aseguradospor la Constitución Nacional al privar al particular querellante, a quien la ley reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos

El requerimiento de absolución por parte del fiscal no desapodera al tribunal del ejercicio de la jurisdicción

Prejudicialidad penal en juicio civil. Excepciones. Indefinición penal
El punto federalpropuesto por la actora consiste en la violación a su derecho de defensa en juicio derivada de la decisión de no dictar sentencia, por aplicación del artículo 1101 del Código Civil, en la presente causa que tiene por objeto su pretensión de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la explosión de la fábrica estatal de armamentos. El citado precepto del Código Civil dispone, en cuanto aquíconcierne, que "no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal. 

Como correctamente lo señalan la parte actora y la señora Procuradora Fiscal, una restricción del derecho de defensa en juicio consistente en la espera indefinida de la condenación penal, de acuerdo con lo decidido por esta Corte en el precedente citado, no halla justificación enla aplicación del artículo 1101 del Código Civil. 

En efecto, al fallar en el caso Ataka esta Corte consideró, ante la suspensión del proceso civil a las resultas de una causa penal, suspensión que hasta ese momento se había extendido por espacio de cuatro años, sin posibilidad de una pronta conclusión, que ello constituía una "dilación indefinida" a la que atribuyó el carácter de agravio a lagarantía constitucional del derecho de defensa, produciendo una efectiva privación de justicia (Fallos: 287:248; 250). 

Si se tiene en cuenta que en el presente caso la suspensión del proceso civil fue decidida el 11 agosto de 1999 y que ello supera con creces el tiempo tomado en cuenta en Ataka, cabe concluir que, prima facie, se ha configurado una interferencia en el ejercicio del derecho...