Proceso No 31593

Páginas: 18 (4428 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2012
Proceso No 31593


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta # 287


Bogotá D.C., septiembre catorce (14) de dos mil nueve (2009).


VISTOS:

Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por el defensor del procesado JOHN JAIRO RONDEROS MONCADA.


HECHOS Y ACTUACIÓNPROCESAL:

1. Hacia las 10 de la mañana del 3 de enero de 2005, en el Parqueadero La Estrella ubicado en la calle 10ª entre avenidas 0 y 1ª de Cúcuta, Luz Ramona Pineda Africano y su hija Martha Milena Manrique Pineda, de 17 años de edad, lavaban su carro de venta ambulante de comida, el cual solían guardar y asear en el lugar. La administradora Zuly Rodríguez, JOHN JAIRO RONDEROS MONCADAy el padre de éste, les reclamaron por el desorden que dejaban. Discutieron y una vez salían del sitio RONDEROS MONCADA les gritó que se fueran y amenazó con un arma de fuego calibre 38, fabricada artesanalmente, ánima lisa, un cartucho, de las comúnmente conocidas como trabuco. Seguidamente disparó e hizo impacto en el glúteo derecho de la menor. El instituto de Medicina Legal le dictaminó 18días de incapacidad definitiva sin secuelas.


2. Al proceso, que se inició el 3 de enero de 2005, fue vinculado a través de indagatoria el autor de la detonación, a quien la Fiscalía acusó el 11 de octubre de 2006 por las conductas de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal y lesiones personales, consagradas en los artículos 365 y 112, inciso 1º, de la Ley 599 de 2000, sancionadoscon prisión de 1 a 4 años y 1 a 2 años, respectivamente. Esta determinación quedó en firme el 7 de noviembre de 2006.

3. Tramitado el juicio, el 26 de junio de 2007 el Juzgado 3º Penal del Circuito de Cúcuta lo condenó a 25 meses de prisión, privación del derecho a tener y portar armas por el mismo término e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por iguallapso más la tercera parte. Finalmente, por 2 años fijados como período de prueba, se determinó suspenderle la ejecución de la pena privativa de la libertad.


4. El defensor apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Cúcuta, por intermedio de la sentencia recurrida en casación, expedida el 22 de octubre de 2008, le impartió confirmación.



SOLICITUD DE CASACIÓN EXCEPCIONAL:Invoca el recurrente la casación por ésta vía, señalando la necesidad de intervención de la Corte para la protección de los derechos fundamentales de libertad y debido proceso de su representado. Se le transgredió el primero porque su captura fue ilegal y no se le indicaron –cuando se produjo— sus derechos constitucionales, especialmente el de ser informado acerca de la apertura deinvestigación formal en su contra.


Luego de transcribir especialmente jurisprudencia de la Corte Constitucional alusiva a la imposición de notificar esa decisión al imputado conocido, expresó que su representado, desde el instante de la aprehensión, debía ser enterado de sus derechos a contar con un abogado, a interrogar a los testigos de cargo (la víctima y su progenitora en el presentecaso), a concurrir al proceso, a defenderse personalmente y a presentar pruebas a su favor.


En cuanto al debido proceso, el recurso tiene como propósito la tutela correspondiente “a la imputación objetiva” pues se dictó fallo en un juicio nulo al decretarse la condena del acusado sin probarse el dolo de las lesiones personales.


En síntesis: solicita el censor admitir la demandaporque desde la captura se le quebrantaron a su defendido los derechos fundamentales. Practicada ésta, sin avisarle, se abrió el proceso penal al cual se le vinculó “mediante indagatoria ilegal”; en la sentencia de segunda instancia no se motivó suficientemente “la certeza de la ocurrencia del hecho o certeza de la tipicidad de la conducta (de lesiones personales), como parte de la imputación...
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