Proceso Penal Abreviado

PROCESO PENAL ABREVIADO Y DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN
Análisis del instituto a la luz de la jurisprudencia constitucional
Rosaura Chinchilla Calderón
Jueza Penal de Turrialba
En el preámbulo de la Carta Fundamental que nos rige, los representantes del pueblo de Costa Rica elegidos como diputados a la Asamblea Constituyente reiteraron su fe en la democracia y acto seguido encabezaron laConstitución con una disposición de la que, en última instancia, derivan todas las restantes: "Costa Rica es una República democrática libre e independiente".
Esa norma (que no sólo tiene carácter programático sino que recoge principios de interpretación constitucional) ha marcado el inicio de un esfuerzo del Estado costarricense por permear a todas sus instituciones de los principios constitucionalesrepublicanos y democráticos. La cumbre de esa evolución se produce, insoslayablemente, con la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la reforma constitucional y la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la que se reasume el Derecho de la Constitución como supremo y condicionante de toda la legislación.
Es a partir de entonces en que el Derecho delos Derechos Humanos empieza a moldear efectiva y eficazmente todas las áreas jurídicas y el proceso penal no sólo no fue la excepción sino que se convirtió en la "punta de lanza" del resto del sistema jurídico en lo que concierne a la disminución de la distancia entre los postulados teóricos y la praxis(1). No obstante, esa misma confrontación entre el texto (y los principios e ideología)legal-penal y el texto (y los principios e ideología) constitucional, puso de relieve graves y numerosos defectos de nuestra justicia penal(2) que han sufrido paulatinos correctivos: la ausencia de doble instancia, la enorme cantidad de presos sin condena, la falta de fundamentación de las resoluciones judiciales, la lentitud y burocratización de la justicia penal, el irrespeto a la dignidad de lavíctima, la asunción por parte del Ministerio Público de potestades jurisdiccionales, la asunción por parte del órgano jurisdiccional de funciones inquisitivas, el tratamiento punitivo igual (carcelario) ante situaciones fácticas diversas, las condiciones infrahumanas intracarcelarias, son solo algunas de dichas deficiencias.
Siete años de práctica constitucional autóctona y de interrelación ConstituciónPolítica-Derecho Penal, evidenciaron la necesidad de instaurar un sistema penal más acorde con nuestra ideología democrática, respetuoso de los derechos fundamentales de los diferentes sujetos procesales (de la persona acusada pero también de la ofendida), que tuviera mecanismos para que sus "agentes" escucharan a los ciudadanos, profundizaran en el conflicto subyacente a la violación legal y quebuscaran la solución por vías expeditas y humanitarias. Surge entonces, un movimiento de reforma(3) al sistema penal que comprenderá no sólo la legislación procesal penal que aquí nos compete, sino también el derecho penal de fondo (proyecto aún en trámite), la justicia para menores (que si bien proclama el paso de la teoría de la situación irregular a la de la protección integral aún mantieneimportantes desajustes sobre el particular(4)), la ejecución penal (en trámite) y la modificación infraestructural de los órganos encargados de aplicar las citadas leyes (Ministerio de Justicia, Poder Judicial)(5).
Por ahora me interesa resaltar parte de la modificación legal en materia procesal penal recordando las palabras de CALAMANDREI:
 
"El eterno y concitado diálogo entre autoridad ylibertad habla también a través de las humildes fórmulas del procedimiento (...) ningún tema como el del proceso merece hoy la atención y el empeño de los estudiosos, porque en ningún campo como en el del proceso es posible encontrar y valorar reunidos, en su angustioso actualidad todos los aspectos, jurídicos, políticos y morales, del problema central de la sociedad humana..."(6)
esto es,...