Proceso Penal De Costa Rica

EL PROCESO PENAL EN COSTA RICA MARIO A. HOUED VEGA*

SUMARIO:

1. Introducción. 2. Breve desarrollo histórico del proceso penal en Costa Rica. 2.1. El Código General de 1841, las leyes de jurados y el Código de Procedimientos Penales de 1910. 2.2. El Código de Procedimientos Penales de 1973. 3. El Código Procesal Penal de 1996. Lineamientos generales. 3.1. Régimen de la acción. 4.Modificación de la instrucción judicial. Mayor intervención del ente acusador y fortalecimiento de los controles jurisdiccionales y constitucionales. 4.1. Posibilidad de que el ente acusador asuma la instrucción preparatoria con supervisión jurisdiccional. 4.2. Participación de la víctima. 4.3.Relaciones del ministerio público con la policía judicial. 4.4. Garantías del acusado. intervención del defensor.4.5. Medidas de coerción. Limitaciones a la libertad del acusado. 4.6. Reglas sobre la exclusión de prueba. Límites constitucionales. La prueba ilícita. 4.7.Régimen de nulidades. 4.8. Duración del proceso. Necesidad de fijar límites. 4.9. Simplificación del procedimiento intermedio mediante el fortalecimiento de la etapa de preparación para el debate. 4.10. Modificaciones a las reglas del debate.Cesura del debate. 4.11. Modificaciones respecto al recurso de casación. 4.12. Restricción del recurso de apelación. 4.13. Control del procedimiento de ejecución de la pena. Fortalecimiento del juez de vigilancia o de ejecución de la pena. 4.14. Introducción de procedimientos especiales. 5. Conclusiones y consideraciones finales. 5.1. Garantía normativa de la protección de los derechos humanos en elproceso penal. 5.2. Situación efectiva de la protección de los derechos humanos en el proceso penal. 5.3. Propuestas de reforma.

1. INTRODUCCIÓN En los últimos tiempos se ha venido dando un gran impulso a los movimientos que tienden a la reforma o modificación de los Códigos procesales penales, entre otros componentes que integran o colaboran en la instrumentalización del sistema penal comoforma de control social punitivo institucionalizado (como el derecho penal de fondo, los sectores policiales de investigación, los sectores de ejecución y penitenciario, etc.). Tal fenómeno es más visible en América Latina, donde la progresiva desaparición de regímenes autoritarios y el retorno de las democracias (aunque en algunos casos sea de manera incipiente y difícil) ha significado un profundocambio en el desarrollo de nuestras sociedades. Estas se han visto obligadas a reformular sus estructuras en aras de garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la denominada "seguridad ciudadana"1 y la forma de enfrentar el delito, sin demeritar el respeto y protección de los Derechos Humanos de los individuos sometidos a indagación (tanto en el nivel policial como jurisdiccional).Dos factores han venido a contribuir notablemente en el auge de esa actitud reformadora.2 Por un lado, el avance de las distintas ramas de las modernas ciencias sociales. Por otro, las respectivas investigaciones que se han preocupado por examinar la criminalidad, no solo desde la óptica de su * Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La actualización de este artículo estuvo a cargo del Lic.Alexander Rodríguez Campos, especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. 1 Tal concepto, aunque es bastante ambiguo y difuso, es utilizado con suma frecuencia por los medios de comunicación colectiva y por los gobernantes de turno; para nuestros efectos, podríamos considerarlo básicamente como la seguridad e integridad personales y la protección de los derechos vinculados conla propiedad. 2 Jescheck, H.H. "Rasgos fundamentales del movimiento internacional de reforma del derecho penal", en Política criminal y reforma del derecho penal. Bogotá: Edit. Temis, 1982, p. 235.

eventual —y a veces discutible— aumento, reflejado en los números que reportan los datos estadísticos que así suelen establecerlo, en particular en lo que atañe a la delincuencia no convencional,...