Procesos Ejecutivos Derivados De Contratos Estatales
Páginas: 17 (4018 palabras)
Publicado: 10 de julio de 2011
PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS DERIVADOS DE CONTRATOS ESTATALES EN EL NUEVO CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La búsqueda de una normatividad acorde a las exigencias del Estado Colombiano del siglo XXI, dio origen a un movimiento renovador en el seno de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en los actores que intervienen en el proceso de producciónlegislativa. El resultado de estas iniciativas no se ha hecho esperar , un proyecto de Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que sintetiza en gran medida los avances jurisprudenciales del Consejo de Estado y los situa en el marco de la protección de los derechos de los ciudadanos y de los principios que rigen la función pública.
El proyecto deslinda el contenidodel Código en dos partes fundamentales, la primera relativa al procedimiento administrativo, y la segunda a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la función jurisdiccional y de consulta que le es atribuida por la Constitución y la Ley.
En el marco regulatorio de la función jurisdiccional la Comisión redactora del Codigo dedica un titulo al proceso ejecutivo[1].La competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en esta materia se circunscribe a tres hipótesis: sentencias proferidas por la Jurisdicción que se encuentren debidamente ejecutoriadas, decisiones proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), y títulos ejecutivos que se originen en los contratos estatales[2]. La facultad para tramitarestos procesos surge con la expedición de la ley 80 de 1993[3] respecto de los procesos ejecutivos derivados de contratos estatales, y de lo dispuesto en la ley 446 de 1998[4] para la ejecución originada en sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Como corolario de lo anterior, se desprende que la finalidad del proyecto es unificar la normatividadexistente en esta materia, y brindar un compendio, a titulo enunciativo, de los documentos que pueden integrar el titulo ejecutivo complejo en materia de contratación estatal, así como establecer las reglas procedimentales que se deben seguir para dar efectividad a las obligaciones dinerarias.
La tematica que se abordará en este articulo se circunscribe al analisis los elementos e integracióndel titulo ejecutivo complejo derivado de contratos estatales, y en consecuencia formular las bases para un proyecto de regulación que refleje a cabalidad el avance jurisprudencial del Consejo de Estado en esta materia.
No obstante lo anterior, la ley 1066 de 2006, amplio el ámbito material de competencia de las entidades públicas facultadas para adelantar procesos de jurisdicción coactiva, yseñaló que “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política,tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”
Del contenido de la norma, es dable inferir que los créditos a favor de las entidades públicas originados en la actividad contractual de las entidades públicas deben ser recaudados directamente por las mismas, puestoque, tal y como lo manifiesta Jorge Octavio Ramirez Ramirez, dentro de la expresión “rentas y caudales públicos” caben todos los ingresos del Estado o de la Administración, trátese, para atender el lenguaje del Estatuto Orgánico del Presupuesto, de Rentas como ingresos tributarios –impuestos directos e indirectos- o no tributarios -tasas, multas, ingresos contractuales-, o de “caudales públicos”...
La búsqueda de una normatividad acorde a las exigencias del Estado Colombiano del siglo XXI, dio origen a un movimiento renovador en el seno de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en los actores que intervienen en el proceso de producciónlegislativa. El resultado de estas iniciativas no se ha hecho esperar , un proyecto de Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que sintetiza en gran medida los avances jurisprudenciales del Consejo de Estado y los situa en el marco de la protección de los derechos de los ciudadanos y de los principios que rigen la función pública.
El proyecto deslinda el contenidodel Código en dos partes fundamentales, la primera relativa al procedimiento administrativo, y la segunda a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la función jurisdiccional y de consulta que le es atribuida por la Constitución y la Ley.
En el marco regulatorio de la función jurisdiccional la Comisión redactora del Codigo dedica un titulo al proceso ejecutivo[1].La competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en esta materia se circunscribe a tres hipótesis: sentencias proferidas por la Jurisdicción que se encuentren debidamente ejecutoriadas, decisiones proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), y títulos ejecutivos que se originen en los contratos estatales[2]. La facultad para tramitarestos procesos surge con la expedición de la ley 80 de 1993[3] respecto de los procesos ejecutivos derivados de contratos estatales, y de lo dispuesto en la ley 446 de 1998[4] para la ejecución originada en sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Como corolario de lo anterior, se desprende que la finalidad del proyecto es unificar la normatividadexistente en esta materia, y brindar un compendio, a titulo enunciativo, de los documentos que pueden integrar el titulo ejecutivo complejo en materia de contratación estatal, así como establecer las reglas procedimentales que se deben seguir para dar efectividad a las obligaciones dinerarias.
La tematica que se abordará en este articulo se circunscribe al analisis los elementos e integracióndel titulo ejecutivo complejo derivado de contratos estatales, y en consecuencia formular las bases para un proyecto de regulación que refleje a cabalidad el avance jurisprudencial del Consejo de Estado en esta materia.
No obstante lo anterior, la ley 1066 de 2006, amplio el ámbito material de competencia de las entidades públicas facultadas para adelantar procesos de jurisdicción coactiva, yseñaló que “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política,tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”
Del contenido de la norma, es dable inferir que los créditos a favor de las entidades públicas originados en la actividad contractual de las entidades públicas deben ser recaudados directamente por las mismas, puestoque, tal y como lo manifiesta Jorge Octavio Ramirez Ramirez, dentro de la expresión “rentas y caudales públicos” caben todos los ingresos del Estado o de la Administración, trátese, para atender el lenguaje del Estatuto Orgánico del Presupuesto, de Rentas como ingresos tributarios –impuestos directos e indirectos- o no tributarios -tasas, multas, ingresos contractuales-, o de “caudales públicos”...
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