PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Santafé de Bogotá, D.C., 2 de mayo del año 2000
Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
REF: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1o., 3, 17-2, 19, 20, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 y 50 de la Ley 546 de 1999, "Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debesujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones".
Actores: BEATRIZ CASTILLO BURBANO, DITER RAUL CASTRILLON, ORLANDO OSSA ARANGO Y JULIO CESARPERDOMO.
Magistrado Sustanciador: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Expedientes Acumulados Nos. D-2883, 2885, 2889
Concepto No. 2148
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede este Despacho a rendir concepto en el asunto de la referencia.
II. NORMAS ACUSADAS
En las demandas se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de losartículos 1o., 3, 17-2, 19, 20, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 y 50 de la Ley 546 de 1999.
III. NORMAS SUPERIORES PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS
Y FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION
En concepto de los demandantes, las normas acusadas, vulneran los artículos 13, 29, 51, 58, 229 y 334 de la Carta Política, por cuanto éstas vulneran el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho a la vivienda, el derecho a lapropiedad, el derecho a acceder a la justicia y la obligación del Estado de intervenir en la economía con el fin de promover el acceso de todas las personas a los bienes y servicios básicos.
De otra parte, se demanda parcialmente el artículo 50 de la misma ley, referente a los avalúos y avaluadores, por vulnerar los artículos 13, 25, 26 y 333 de la Carta.
IV. CONSIDERACIONES DEL PROCURADORGENERAL DE LA NACION
Teniendo en cuenta que este Despacho se pronunció sobre la mayoría de las normas demandadas, en los conceptos relativos a los expedientes D-2823, D-2777 y D-2850, se retomarán aquí algunos aspectos de estos conceptos. En los expedientes que aquí se estudian, se demandan además, parcialmente, los artículos 19, 20 y 50 de la Ley 546 de 1999, sobre los cuales no ha habidopronunciamiento, el primero se acusa en lo relativo a la justicia arbitral, el segundo, en lo atinente a la posibilidad de solicitar la reestructuración de los créditos, para ajustarlos anualmente a la capacidad de pago del deudor y el último de ellos a la regulación de los avalúos.
Por último, cabe reiterarse que la estabilización del sector financiero en relación con los créditos hipotecarios, depende devarios factores como son, entre otros, la reactivación económica, el impulso del Estado y el esfuerzo de los deudores para cumplir con sus obligaciones; pero también, de manera fundamental, de las propias entidades financieras, las cuales deben apoyar la implementación de las medidas legales y facilitar a los usuarios el acceso a los mecanismos transitorios establecidos por el Gobierno parasanear la cartera hipotecaria. Estos mecanismos no pueden quedar al arbitrio del acreedor sino que su aplicación, en cuanto beneficie a los deudores es de obligatorio cumplimiento y por tanto, no pueden establecerse trámites o requisitos que impidan el cabal cumplimiento de la ley.
2. LA COSA JUZGADA
2.1. Efectos señalados por la Corte Constitucional para sus fallos
En opinión de los demandantes, lasnormas acusadas y la forma como se han venido realizando las reliquidaciones de los créditos de vivienda, desconocen las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-383, C-700 y C-747 todas de 1999. En relación con la cosa juzgada, este Despacho no advierte incumplimiento de las decisiones de la Corte por parte del Legislador.
Al respecto, es necesario precisar...
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