Prof De Sordos

Efectos Colaterales
Ley 24901: A 12 años de su promulgación una mirada realista sobre el panorama actual

“Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio
si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza…”[1]
A menudo uno de los temas entre colegas, padres de pacientes, y profesionales amigos que por alguna razón estamos vinvulados al área de discapacidad termina siendoel agobio al que nos vemos sometidos (como prestadores,afiliados o familiares) por parte de las diferentes obras sociales: las idas y vueltas burocráticas, la falta de regulación, de eficacia, de comunicación y especialmente la falta de pagos regulares.
Los familiares de personas con alguna discapacidad suelen ser los más grandes damnificados con esas idas y vueltas burocráticas, con el sinfin de papeles y las “trabas” para la atención, el reconociemiento y la continuidad de los tratamientos para personas con discapacidad.
Sin embargo, existe un marco legal que regula toda esta actividad y que debería servir de sustento para que todas las partes involucradas (pacientes, obras sociales y profesionales) pudieran ejercer sus derechos y obligaciones.

Hecha la ley…
La discapacidaden Argentina cuenta con un marco normativo abundante, que aunque necesita de cierta organización, asegura las herramientas necesarias para la cobertura legal de las personas con discapacidad. Pero no resguarda de ninguna manera al prestador que suele quedar sujeto a convenios firmados con estas entidades, (en donde las mismas se aseguran de poder manejar montos y tiempos de pago a discreción).Ejemplo de ello se pueden citar las leyes Marco Nro. 22.431 y 24.901 y a las mismas se suma la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 que coloca a las personas con discapacidad en la primera línea normativa. El artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna incorpora tratados de Derechos Humanos a la propia Constitución y el inciso 23 establece la obligación del Estado de utilizar lasllamadas “Acciones Positivas”, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Quienes trabajamos prestando servicios para personas discapacitadas sabemos que, sin perjuicio de este marco legal, el gran cambio en ésta área se produjo con la aparición de la ley 24.901.Su promulgación generó un antes y un despuésen las coberturas de la seguridad social, creando una especie de ‘Mercado de la Discapacidad’ caracterizado por la aparición de una cobertura obligatoria, con financiamiento previsto (APE regula los montos) que generó un aumento de la demanda y en consecuencia, el crecimiento de la oferta de prestadores, que redundó en cierta amplitud de elección para los pacientes y en más excusas para el pago enfuera de término de las Obras Sociales.
Es cierto que la promulgación de la ley 24901 trajo cambios sustancial al sistema de prestaciones para discapacidad, sin embargo mucho de lo que intentaba transmitir el Espíritu de la Ley en cuanto a mejoras en la agilización y organización de los trámites quedó tergiversado al momento de poner en práctica este nuevo sistema prestacional y a la largalos mayores damnificados terminan siendo los pacientes y sus familias que se ven sometidos a no poder elegir prestadores porque, ya muchos directamente se niegan a comenzar tratamientos, a tener que presentar papeles hasta el absurdo e incluso llegan a poner dinero de sus bolsillos para garantizar la continuidad de las terapias.
Mi granito de arena
Hasta aquí la descripción del escenario en quepacientes y prestadores deben manejarse con demasiada frecuencia al tratar con Obras Sociales.
Ahora bien ¿y el Estado Nacional? pareciera ser el gran ausente en todo esto.
¿Qué sucede cuando quien debería asegurarse un contralor de todos estos procesos delega toda esta tarea en un organismo (Superintendencia de Servicios de Salud,) que aparentemente está desbordado?
Una de las respuestas es...