Programa De Tribunales De Tratamiento De Drogas
Fredy Cea Leiva[1]
Cristina Charles Vásquez[2]
Marco Montero Cid[3]
I. Marco Contextual
En el ámbito de la reforma procesal penal, en el marco de la política pública en materia de seguridad ciudadana, y como consecuencia de los resultados obtenidos en investigaciones acerca del delito y su relación con el consumo de drogas (alcoholy drogas), en el año 2004 surge la iniciativa plasmada a través de un plan piloto, de instalar en la Región de Valparaíso un modelo de intervención jurídico-psicosocial destinado a brindar a quienes se les imputaba la comisión de un delito, por primera vez y de determinadas características, la posibilidad de suspender el procedimiento que se seguía en su contra, bajo la condición de cumplir condeterminados requisitos por un lapso de tiempo, referidas principalmente a la obligación o el sometimiento por parte del imputado a un tratamiento y su rehabilitación.
Esta iniciativa que con los años se transforma en programa, logra expandirse el año 2010 a cinco regiones del país, incluyendo la Metropolitana, siendo liderada en un comienzo por el Consejo Nacional para el Control deEstupefacientes (CONACE) y con la asesoría técnica de la Fundación Paz Ciudadana; además de la participación de los tribunales de justicia, el ministerio público, el ministerio de salud, el ministerio de justicia y la defensoría penal pública.
El financiamiento de este programa recae en el CONACE y el Ministerio Público.
Esta experiencia nacional tiene sus orígenes en un modelo de intervenciónnorteamericano diseñado y orientado a personas que han sido condenadas por delitos donde la causa de los mismos está vinculada al consumo de drogas.
II. Modelo de Intervención
La intervención se podría iniciar con la detención de un imputado(a) que carezca de antecedentes penales previos (irreprochable conducta anterior) y cuyo delito que se le imputa tenga una pena asignada por laley que no exceda de tres años de privación de libertad. Verificado aquello, dándose copulativamente los requisitos antes señalados y en un plazo no superior de 3 días siguientes a la fecha de la detención, y antes de realizada la audiencia de formalización de la investigación, esta persona es objeto de una evaluación por parte de una dupla psicosocial la que emite un informe acerca de lafactibilidad o no de la posible intervención, como así la vinculación el delito que se le imputa con el consumo de alcohol y/o drogas.
Dicho informe es conocido y debatido en un audiencia y ante un juez, con la presencia del Fiscal y del Defensor Público o privado quienes acuerdan con la aprobación del imputado suspender condicionalmente el procedimiento por un plazo no superior a 2 años a cambio deque el imputado cumpla con ciertas obligaciones y en particular la de un tratamiento destinado a la rehabilitación del consumo de drogas y/o alcohol de carácter ambulatorio o residencial.
Dicho tratamiento de rehabilitación es asumido por los profesionales del servicio de salud (psiquiatra y psicólogo) con financiamiento de CONACE.
Una vez aprobada la suspensión condicional, en formaperiódica y en audiencias públicas, jueces fiscales y defensores con la presencia de profesionales del servicio de salud y el propio imputado revisan el estado de avance de la intervención.
Verificado el cumplimiento de las condiciones, cuyo control se encuentra a cargo del Ministerio Público y transcurrido el plazo de observación, la causa seguida en contra del imputado es sobreseídadefinitivamente.
Cabe mencionar que la evolución del programa es monitoreada y evaluada por la Fundación paz Ciudadana y CONACE.
Siguiendo a Martínez Nogueira (1995), podemos sostener que estamos en presencia de un programa cuya tarea si bien es homogénea requiere de una alta interacción entre las instituciones involucradas y el beneficiario.
III. Análisis del Caso
Escenario político –...
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