PUERTO RICO

En 1952, al establecerse la Constitución de Puerto Rico, se definió la política pública en cuanto al sistema correccional del país. Dicha política está contenida en el Artículo VI,Sección 19, de la Constitución, la cual dispone que: “Será política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentrode los recursos disponibles, al tratamiento de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”
La filosofía de la Administración de Corrección continúa siendo la expresada en la Constitución por lo que dicha entidad gubernamental tiene entre sus múltiples funciones la de enunciar la política pública en el área de corrección y organizar los servicios correccionales para quela rehabilitación tenga la más alta prioridad entre sus objetivos.
Algunos han criticado la forma en que está expresada la política pública en cuanto al sistema correccional (Resumil, 1987).
En Puerto Rico los estatutos legales reconocen el derecho de los confinados y de las confinadas a recibir un trato digno y humanitario basado en la rehabilitación y el retorno a la comunidad como ciudadanos yciudadanas útiles y responsables. No obstante, existe poco conocimiento sobre lo que implica y conlleva un proceso de rehabilitación. Para algunos(as), rehabilitación es: “... habilitar de nuevo o restituir la persona a su antiguo trabajo… tratar de hacerla nuevamente apta o capaz para conducirse en sociedad”. Otros afirman que la rehabilitación comprende el “proceso o técnica que se dirige areeducar y orientar de nuevo las actitudes y motivaciones del delincuente. Rehabilitar implica “restituir una persona a su estado o condición original”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dedicado particular atención a la situación de la población confinada y en múltiples ocasiones ha reiterado la importancia de una plena realización de las disposiciones contenidas en el texto ReglasMínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (1955). En dicho documento se establece que: “El fi n y justificación de las penas y medidas privativas de la libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen (ONU, 2000).”
Este conjunto de reglas, cuyo principal objetivo es establecer los principios básicos para la protección de los derechos fundamentales de losindividuos privados de su libertad constituye un esfuerzo por: “...eliminar la crueldad, la negligencia y la degradación, y en general, reducir al mínimo el efecto de la segregación carcelaria, cualquiera sea el delito cometido, protegiendo al mismo tiempo la dignidad humana del recluso, teniendo en cuenta la gran variedad de condiciones, valores, costumbres, tradiciones y niveles de vida existentesen todo el mundo”
Agencias del gobierno como

SISTEMA CARCELARIO EN PUERTO RICO Y EN BOLIVIA


En Bolivia, la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, Decreto Ley 11080 del 19 de septiembre de 1973, abrogada
por la Ley 2298 del 20 de diciembre de 2011,Ley de Ejecución Penal y Supervisión constituye el sistema penitenciario que regula la presente ley
Su aplicación corresponderá a losorganismos especializados en la Administración Pública
La política publica de Bolivia esta destinada a no solo a la guarda y custodia de los procesados en orden de la ejecución de penas y medidas de seguridad, si no especialmente, a su reeducación y readaptación social de acuerdo con los principios que la ciencia penitenciaria ofrece
Esto también implica la consideración y el respeto de lapersonalidad del recluso así de sus derechos e intereses jurídicos no afectados por la condena y la recuperación de estos mediante la exaltación del sentido de responsabilidad, de fomentar el respeto
entre reclusos, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y de mantenerse con el producto de su trabajo de acuerdo a sus aptitudes y condiciones físicas, psíquicas, morales del recluso, con la...