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Se estimo que no eran ciertos los actos atribuidos al secretario de seguridad pública del Estado de Nuevo León, al Presidente Municipal de Monterrey y al Gobernador del Estado de Nuevo León, pues al rendir sus informes justificados así lo señalaron y no había prueba aportada por la parte quejosa que lo desvirtuara.
El juez de la causa señalo que la carencia del interés jurídico devenía porque laparte quejosa única y exclusivamente aporto al juicio de amparo como pruebas de su intención copias certificadas de la escritura *******, en la que hace constar el contrato de compraventa de inmueble celebrado entre ******* como vendedora y ************* y ************, en su calidad de compradores.
Se dio fe de que el inmueble de los quejosos colindaba en su parte posterior con la construcciónque están llevando a cabo las responsables. Pero para los efectos del amparo carecen de interés jurídico, ya que reconoce el derecho de los vecinos colindantes del área afectada para exigir la suspensión demolición o modificación a fin de evitar deterioro de la calidad de vida, por contravención a las disposiciones de la ley, daño en el patrimonio y en general que causen, originen o produzcan daño.debiendo deducirse ante las autoridades administrativas competentes o sus superiores inmediatos.
Seria equivocado sostener que la parte quejosa tiene interés [ara promover el juicio de amparar, aun cuando no haya acudido primero, ante la autoridad administrativa competentes para deducir su derecho.
Impone la obligación de deducirlo primeramente ante la autoridad administrativa competente, elderecho sustancial se ejercite primeramente ante la autoridad administrativa competente, y ahí no se logre un pronunciamiento acorde con el interés legítimo del inconforme correspondiente y, de este modo, dicho interés se vuelva jurídicamente tutelarle en el amparo por encontrar su fuente en la resolución, ahora sí, dirigida específicamente al quejoso y no, en una situación general, aplicado a ununiverso indeterminado de individuos afectados difusamente por una causa cuya revisión por el Estado, no es exigible por cualquiera de dichos individuos, porque antes de instar la denuncia administrativa a ninguno le estaba nominalmente reconocida esa potestad de exigencia como un derecho público subjetivo, y que dicha prevención no era potestativa, puesto que en ninguna parte del precepto en estudiose establecía un derecho de opción.
El interés supone la existencia de un derecho jurídicamente tutelado oponible a terceros y a las autoridades, pero la sola existencia de ese derecho no bastaba para estimar que se acreditaba el interés jurídico.
Aclaró, que no se trataba de un problema de definitivita, sino de interés jurídico, puesto que la afectación sólo se producía hasta que la autoridadadministrativa se pronunciara o dejara de hacerlo con respecto a la denuncia o petición del gobernado.
Sine qua non = condición sin la cual no.
Cita el criterio de encabezado: “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA”.
Las obras de tal magnitud tienen que ser precedidas por elementos objetivos que acrediten que la obra es idónea, necesaria y racional.
Tomando en cuenta la importancia delderecho a la vida entre los derechos humanos, la situación de peligro en el caso y la disposición de la Corte de proteger los derechos humanos.
Al reclamarse medularmente violaciones al derecho a la vida y protección familiar, es un contrasentido sujetar el estudio de los conceptos de violación a la presentación de una denuncia popular, pues sería tanto como decir que actos tendientes a laprivación de la vida se sujetarán a un trámite burocrático administrativo.
El interés jurídico para combatir actos tendientes a la privación de la vida se obtiene por el simple hecho de ser hombre, pues no es lógico que la reclamación de violación de la vida sea únicamente palpable cuando se haya agotado el ejercicio de una denuncia.
El interés jurídico se encuentra debidamente acreditado en relación...