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Voto 282-90 Fecha: 13-3-90 Hora: 17:00 Expediente: No. 210-90 Recurrente: Cordero Croceri, José Rafael Agraviado: Chavarría Alanías, Vicente y otros Recurrido: Juzgado Penal de Puntarenas Redacta: Mag. Rodolfo E. Piza Escalante SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas del trece de marzo de mil novecientos noventa.
Visto el recurso de hábeas corpusinterpuesto por el señor José Rafael Cordero Croceri a favor de los señores Vicente Chavarría Alanías, Matilde Guido Hernández, Julio Dinarte García, Guillermo Dinarte García, Wálter Ordóñez Sandino, Vidal García Medina, Flor Briceño González y Gilbert Billy Argüijo, contra el Juzgado Penal de Puntarenas.
RESULTANDO:
I.-
El recurso se interpone en razón de haber sido los amparadosilegítimamente privados de su libertad personal, por no reconocérseles el derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior en la forma prevista por el artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II.-
La licenciada Patricia Solano Castro, Jueza Penal de Puntarenas al rendir el informe de ley señala que contra los dichos se tramita en su despacho la causa No. 562-89, porel delito de entorpecimiento de servicios, la cual fue fallada a las dieciséis horas treinta minutos del veintiséis de enero de este año, condenándose a cada inculpado, excepto a José Luis Herrera Centeno, quien fue declarado rebelde por no haberse presentado a debate, a seis meses de prisión. Del resto solamente Matilde Guido Hernández y Gilbert Billy Argüijo A., debían descontar la pena deprisión, ya que a los demás se les concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena por un período probatorio de tres años.
III.-
En los términos y procedimientos se han observado las prescripciones de Ley.
Redacta el Magistrado Piza Escalante; y, CONSIDERANDO:
I.-
Que, si bien el artículo 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a los interesados a plantearla acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones legales que se opongan a las de un tratado internacional, considerando que al hacerlo violan la jerarquía normativa superior del segundo, de conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política, ello no obsta a que, cuando las disposiciones del tratado resulten ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de otras normasque las desarrollen en el derecho interno, las legales que las contradigan deban tenerse simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado. De esta manera, la antinomia entre ley y tratado, a partir de la reforma de los artículos 10, 48,105 y 128 de la Constitución (Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989, vigente desde el 1° de setiembre) y, sobre todo, de la Ley de laJurisdicción Constitucional (No. 7135 del 11 de octubre de 1989, vigente desde su publicación el 19), se resuelve, en primer lugar y en lo posible, con la derogación automática de la primera en cuanto se oponga al segundo, sin perjuicio de que también pueda serlo mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
II.-
Todo es cuestión de procedimiento y de oportunidad: si el problema seplantea en el hábeas corpus o en el amparo, ahí puede la Sala declararlo y resolverlo sin necesidad de otorgar al recurrente la oportunidad prevista por los artículos 28 y 48 de la Ley para aducir las acciones de inconstitucionalidad. Pero puede y debe hacerlo, asimismo, por la vía del control de constitucionalidad, cuando conozca de acciones de inconstitucionalidad o, en su caso, de lasconsultas judiciales o legislativas de constitucionalidad previstas en la misma Ley.
III.-
En lo que se refiere al objeto concreto del presente recurso, considera la Sala que la norma invocada, artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por Ley No. 4534 de 23 de febrero y ratificado el 8 de abril de 1970), es absolutamente...