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LEY DEL 2 DE JUNIO DE 1933



La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, fue aprobada por las Cortes el 2 de junio
de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio. Desarrolla los preceptos
constitucionales acerca del control estatal sobre todas las confesiones pero, como era
inevitable, afectaba especialmente a los intereses de la Iglesia católica: regulación de lasórdenes y congregaciones religiosas, que deberían inscribirse en un Registro especial del
Ministerio de Justicia, y reglamentación del culto público; supresión de los subsidios oficiales
y nacionalización de parte del patrimonio eclesiástico, templos, seminarios, monasterios y
demás lugares destinados al culto religioso, aunque la Iglesia podría seguir utilizándolos a tal
fin; atribución alEstado de la potestad de vetar los nombramientos de jerarquías religiosas que
considerase inadecuados, etc.

Atacaba además la base del sistema educativo católico al decretar el cierre de los centros de
enseñanza de la Iglesia, con excepción de los seminarios.

Los legisladores, excesivamente apresurados en este punto, fijaron el 31 de diciembre de ese
año como fecha tope para el cese delas actividades docentes de los religiosos.

La Iglesia católica poseía 295 centros de Segunda Enseñanza.

El Gobierno confiaba en levantar en pocos meses 7.000 escuelas públicas y 20 institutos
nacionales de Bachillerato, que paliasen los efectos del cierre inmediato de los centros
religiosos, sobre todo en el medio rural, y seguir luego creando escuelas a un ritmo de 4.000
por año.En la Enseñanza Media, la sustitución se realizó sin grandes problemas, pero no
sucedió lo mismo con la Primaria. Aunque se improvisaron unos 10.000 maestros mediante
cursillos especiales, fueron muchos los Ayuntamientos que por falta de voluntad o de medios
no abrieron nuevas escuelas, lo que originó una considerable incertidumbre en numerosas
familias.
Por fin, cuando se aproximaba eltérmino del plazo legal para el cierre de los centros
religiosos, se produjo la derrota electoral de la izquierda, y los nuevos gobernantes radicales
suspendieron la aplicación de la Ley de Congregaciones, lo que permitió a la Iglesia mantener
abiertos sus establecimientos docentes.

La respuesta de los medios católicos a este cúmulo de medidas secularizadoras fue
progresivamenteintolerante, sobre todo en lo que afectaba a los privilegios jurídicos y
económicos del clero y a su ámbito educativo.
La mayor oposición se produjo ante la Ley de Congregaciones, que reforzó la posición del
sector más combativo del clero en unos momentos en que la coalición gubernamental estaba en
crisis y la derecha política en pleno ascenso.

La carta episcopal de 25 de mayo de 1933,encabezada por el cardenal Vidal i Barraquer,
condenaba todas las ingerencias y restricciones con que "esta ley de agresiva excepción pone
a la Iglesia bajo el dominio del poder civil", y llamaba a la movilización política de los católicos
contra todo lo que "amenazara a los derechos integrales de la Iglesia".

El propio papa Pío XI dedicó la encíclica Dilectísima Nobis a "condenar el espírituanticristiano del régimen español", afirmando que la Ley de Congregaciones "nunca podrá ser
invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia" y animando a la unión de los
católicos contra la República: "ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos
vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y
subordinando al bien común de lapatria y de la religión todo otro ideal, se unan todos,
disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma
sociedad civil".

Estas y otras manifestaciones de ruptura, así como las incendiarias prédicas de los diputados
derechistas en las Cortes, acentuaron en los católicos un reflejo de persecución y dotaron a
la actividad antirreformista de la...