Recensión Doctrina Penal

POLONIA URQUIZ, Marina. Comentario crítico/recensión de: SÁNCHEZ LÁZARO, Fernando Guanarteme. Respuestas jurídico-penales a la criminalidad de los menores. Huelva: UHU, 2005. Revista Penal, 2007, núm. 19, pág. 70-84.
El texto es de una ponencia, con notas, que el autor ofreció en 2005 en la Facultad de Derecho de la Universidad la Laguna, publicada en 2007 en el número 19 de la Revista Penaltitulado "Respuestas jurídico-penales a la criminalidad de los menores". Se puede acceder a este material en soporte digital desde la siguiente página web http://www.uhu.es/revistapenal.

El autor pertenece al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad la Laguna, Tenerife, concretamente como profesor en el área de Derecho Penal. Ha escrito varios libros y artículos relacionadosen materia como por ejemplo "Una teoría de la Argumentación Jurídico-penal" Sobre la irracionalidad de las instituciones punitivas>> o <<Alarma social y Derecho Penal>>.
La materia que trata el texto es la reforma de la Ley Orgánica 5/2000 en relación con la responsabilidad penal de los menores de edad a raíz de varios acontecimientos graves y con una gran visibilidad mediáticapromoviendo la desconfianza social hacia el Derecho Penal de menores y generando la petición de un sistema punitivo más severo, a pesar de que esta sea una realidad distorsionada pues la delincuencia en este sector de la población no ha aumentado de forma significativa. Es por ello que el autor dedica el texto a responder hacia las medidas tomadas ante una vivencia social que no corresponde a lacriminalidad de los menores en nuestro país y que endurece las penas impuestas dejando poco margen a la reeducación y por consiguiente a la reinserción social del menor.
La Ley Orgánica 5/2000 establece en el artículo noveno tercer apartado en caso de menores entre catorce y quince años una duración máxima de las medidas de dos año y para los delitos graves, entre ellos los artículos 138, 139,179 y 180 entre otros, una pena de internamiento en régimen cerrado de uno a cuatro años más hasta un máximo de tres años de libertad vigilada. Por otro lado para los menores comprendidos entre dieciséis y diecisiete años establece internamiento en régimen de cerrado de uno a cinco años complementada por una medida de libertad vigilada de un máximo de cinco años y ante los delitos graves detalladosanteriormente internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años complementada por período de libertad vigilada de hasta un máximo de cinco años. Estas medidas pueden extenderse, a los mayores de dieciséis años, en caso de que el menor haya cometido más de un delito, uno de ellos grave y sancionado con pena de prisión, con la inhabilitación absoluta por un tiempo superior, entre cuatro y quinceaños, de la pena de internamiento en régimen cerrado impuesta. Se plantea por tanto la cabida del endurecimiento de estas penas cuando el artículo 138 del Código Penal establece una pena de diez a quince años al homicidio cometido por una persona adulta. Uno de los ejemplos que el autor utiliza para ejemplificar estas realidades es el caso de Sandra Palo, en la cual a dos de los menores dediecisiete años condenados por la violación y muerte de la joven se les impuso ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada frente a los 6 años impuestos por violación o los 12 años y 6 meses por homicidio a individuos adultos. Esto nos lleva a la pregunta siguiente en cuanto a la ampliación punitiva en este marco jurídico: ¿cabe más rigor?
Es importante destacar que unperiodo de privación de libertad de más de quince años causa tales prejuicios en el sujeto que es casi imposible su reinserción en la sociedad, así pues cabe imaginar las consecuencias que una pena extendida hasta ocho años de privacidad de libertad puede tener y tendrá sobre un menor de entre catorce y diecisiete años y no únicamente para el menor sino también para la sociedad, es por ello que se...