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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
En fecha 21 de febrero de 2000, fue presentado directamente por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de solicitud de revisión de sentencia de amparo constitucional presentada por la abogada en ejercicio, Cristina Narváez Ruiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogadobajo el nº 44.287, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN MIRANDA (APRUM), respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 21 de enero de 2000, de conformidad con lo previsto en el artículo 336 numeral10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 En fecha 21 de febrero de 2000, se dio cuenta en Sala de dicho escrito y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión.
 Esta Sala pasa a decidir, en los términos siguientes:
 I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
La solicitud de revisión de sentencia de amparo constitucional interpuesta, ha sidodirigida contra la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda contra la Urbanizadora Miranda, C.A.,confirmando así la decisión del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas de fecha 22 de septiembre de 1999.
Alega en su escrito la parte solicitante que la revisión excepcional (sic) de sentencia de amparo es un mecanismo autorizado por la Constitución vigente, por lo que en su criterio debe la Sala Constitucional considerar el casoque denuncia, pues la sentencia dictada por el mencionado Juzgado Superior el 21 de enero de 2000 vulnera lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, que establece el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, extensible, según sostiene, a quienes hacen valer sus derechos e intereses colectivos o difusos. Así mismo, señala que el Superior desconoció la mencionada norma constitucional,al sustentar en su sentencia que el interés difuso que invocaba la mencionada asociación de vecinos, no podía ser tutelado, dado que la acción de amparo tenía carácter personalísimo.
Que la Asociación de Vecinos de la Urbanización Miranda se encontraba efectivamente legitimada para el ejercicio de la acción de amparo en beneficio de sus asociados, en virtud de lo establecido en el ReglamentoParcial nº 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que en su artículo 5, se refiere a la participación ciudadana, así como en el artículo 6 (sic) de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Que las asociaciones de vecinos tienen como propósito fundamental la defensa de los intereses colectivos, los cuales dada su naturaleza son intereses públicos.
Señala el accionante que APRUM comoasociación de vecinos tiene personalidad jurídica plena, pues está inscrita en la correspondiente Oficina de Registro Subalterno y que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 del Código Civil, es titular de derechos y obligaciones. Que su legitimación es ratificada por el hecho de que los vecinos amenazados por el comunicado nº 1 y por comunicaciones directas de la Urbanizadora Miranda C.A.,autorizaron a la Asociación de Vecinos y Propietarios de la Urbanización Miranda (APRUM) a ejercer la acción de amparo.
Que la sentencia respecto a la cual se solicita revisión extraordinaria (sic), ignoró lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y su Reglamento Parcial nº 1, que reconocen la personalidad jurídica de las asociaciones de vecinos. Alega que las mismas, son personas...