Reflexion

Sus objetivos, por definición, son tuitivos de la salud sexual y de la procreación responsable (salud reproductiva) y exponen una finalidad especialmente preventiva, al apuntar a disminuir la morbi mortalidad materno-infantil, evitar embarazos no deseados, prevenir enfermedades de transmisión sexual y patologías genitales
y mamarias, entre otros.
En tal sentido, el programa busca asegurar atoda la población, “sin discriminación alguna” el acceso a información y consejería en materia de sexualidad y comportamiento reproductivo. También, detectar conductas de riesgo, potenciar la efectiva participación de la mujer en la adopción de decisiones vinculadas a su salud sexual y procreación (en especial, en la libre elección de métodos anticonceptivos), y promover, adicionalmente, la saludsexual de los adolescentes
Sin perjuicio de ello, los fines aspirados de la ley no se agotan en los aspectos preventivos, sino que, complementariamente, trascienden al diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (incluyendo
el HIV/SIDA) y patología genital y mamaria,
y al monitoreo y evaluación de los métodos y elementos anticonceptivos
entregados (art. 2 decreto citado).2. Mecanismos de implementación
del programa. La salud
reproductiva como bien
jurídico tutelable
Con la idea de lograr una implementación
amplia y eficaz del programa,
la ley refuerza la calidad y cobert ura
de los servicios de salud, incluyendo
en el PMO (Programa Médico
Obligatorio) y en los nomencladores
f a rmacológico y de prácticas médicas,
las prestaciones que hacen a la
saludreproduciva, entre ellas: control,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de enfermedades de transmisión
sexual, SIDA y cáncer genital
y mamario; prescripción, suministro
y control de métodos anticonceptivos
( a rt. 6 de la ley).
De este modo, se pretende –así se lo
señala expresamente en los considerandos
del decreto reglamentarioconcretar
medidas de acción que ga -
ranticen elefectivo goce del derecho
a la salud reproductiva, prerrogativa
ya consagrada en los Tratados Internacionales,
cuyo contenido, con jer
a rquía constitucional, ha quedado
incorporado en nuestro ordenamiento
positivo.
.
Esta cuestión merece algunas reflexiones
adicionales, entre otras:
1) se destaca el derecho a la infor -
m a c i ó n de los beneficiarios del programa,
como paso preliminarineludible
para la toma de decisiones en
materia de métodos de anticoncepción,
con lo cual se garantiza la lib
e rtad individual en la elección. El
decreto reglamentario pone especial
énfasis en este aspecto, al exigir la
previa información sobre las características,
riesgos y eventuales consecuencias
del método o elemento anticonceptivo
prescripto (art. 6º).
Entendemos que la informacióna suministrar
(al estar dirigida especialmente
a sectores socialmente vulnerables
y con escaso conocimiento sobre
esta metodología) deberá ser
sencilla y adaptada al nivel cultural
del requirente, pero completa, a fin
de evitar las consecuencias disvaliosas
que pueden seguirse de decisiones
adoptadas sin contar con elementos
básicos de juicio.
2) para evitar o paliar las censuras
deíndole confesional, la ley hace
hincapié en la necesidad de respetar
las “convicciones y creencias” del sujeto
en orden a los métodos anticonceptivos
a adoptar, de allí la reiterada
referencia a los “métodos natura-
les”, esto es, aquéllos “vinculados
con la abstinencia” y a la necesidad
de informarlos especialmente (art. 6
del decreto 1282).-Esta exigencia
adicional, si bien no resultareprochable
(antes bien, deviene respetuosa
de los derechos de conciencia
o religiosos, que también hacen a la
l i b e rtad individual), deberá equilibrarse
con la información, también
“especial” y completa, de los métodos
restantes que gocen de las características
no abortivas, transitorias
y reversibles exigidas por la ley,
a fin de que el sujeto pueda tomar
una decisión libre y no...