Reforma de la constitucion
Páginas: 17 (4232 palabras)
Publicado: 18 de septiembre de 2010
EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y LA REFORMA PENAL
Miguel Carbonell
En este artículo su autor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analiza novedosas garantías procesales a favor de los justiciables, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, la regulación de la defensoría pública de calidad así como la adecuada asistencia por un letrado. Todoesto, dentro del marco de la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada.
I. INTRODUCCIÓN
E
l artículo 17 constitucional, a partir de la reforma constitucional en materia penal y de juicios orales, publicada el 18 de junio de 2008, contiene tres novedades de las que vale la pena dar cuenta: 1) la incorporación, a nivel constitucional, de los mecanismosalternativos de solución de controversias y sus modalidades generales en materia penal; 2) el deber de explicar las sentencias que deriven de los procedimientos orales; y 3) la regulación de la defensoría pública. Veamos con detalle cada uno de estos aspectos novedosos que aporta la citada reforma constitucional. II. MECANISMOS ALTERNATIVOS
La reforma de junio de 2008 incorporó al artículo 17 unpárrafo que señala lo siguiente: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de
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MIGUEL CARBONELL
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solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. Aunque el texto constitucional no lo señala, los mecanismos que mencionael nuevo párrafo tercero del artículo 17 constitucional son alternativos al proceso judicial. Es decir, de lo que se trata es de evitar, por un lado, que los particulares tengan que recorrer la ruta a veces tortuosa y no muy barata de los procesos ante las autoridades judiciales. Desde luego, los particulares tienen ese derecho, de acuerdo a lo que señala el artículo 17 párrafo segundo de la mismaConstitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva.1 Pero el Estado puede y debe proveerles de soluciones que sean más eficaces para resolver sus problemas. Adicionalmente, el nuevo párrafo tercero también tiene por objetivo “descongestionar” el servicio público de administración de justicia, que se encuentra —desde hace décadas— al borde del colapso por sobre-saturación detrabajo de los órganos encargados de su administración. En materia penal el problema es especialmente grave, ya que existe un porcentaje importante de personas que siguen su proceso en régimen de prisión preventiva, y cualquier dilación en el tiempo les resulta muy gravosa. Dadas las anteriores premisas, cabe saludar la introducción del párrafo que estamos comentando a nivel constitucional. Al dar tanimportante paso, México se sitúa en la misma línea de otros países en donde se le han ofrecido a sus ciudadanos soluciones más baratas y veloces que la del proceso judicial, para que las utilicen —si lo estiman pertinente— conforme mejor convenga a sus intereses. Debemos recalcar que los mecanismos alternativos no pueden ser impuestos en contra de la voluntad de los titulares de los derechos queestán en juego. Si así fuera, tales mecanismos supondrían una severa regresión en el funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora bien, la Constitución precisa claramente algunas obligaciones a cargo del legislador, a fin de hacer efectiva la posibilidad de acudir a medios alternativos: a) por un lado, se deberá regular la aplicación de los medios alternativos (esto se logra, en primer lugar,definiendo qué medios en concreto son aceptados en México, así como
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Tercera edición, México, Porrúa/UNAM/CNDH, 2009, pp. 721 y ss.
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las hipótesis concretas en que cada uno de ellos podrá ser aplicado); b) además, se deberá asegurar la reparación del daño a favor de la víctima; y c) finalmente, el legislador deberá prever en qué casos se...
Miguel Carbonell
En este artículo su autor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analiza novedosas garantías procesales a favor de los justiciables, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, la regulación de la defensoría pública de calidad así como la adecuada asistencia por un letrado. Todoesto, dentro del marco de la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada.
I. INTRODUCCIÓN
E
l artículo 17 constitucional, a partir de la reforma constitucional en materia penal y de juicios orales, publicada el 18 de junio de 2008, contiene tres novedades de las que vale la pena dar cuenta: 1) la incorporación, a nivel constitucional, de los mecanismosalternativos de solución de controversias y sus modalidades generales en materia penal; 2) el deber de explicar las sentencias que deriven de los procedimientos orales; y 3) la regulación de la defensoría pública. Veamos con detalle cada uno de estos aspectos novedosos que aporta la citada reforma constitucional. II. MECANISMOS ALTERNATIVOS
La reforma de junio de 2008 incorporó al artículo 17 unpárrafo que señala lo siguiente: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de
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EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y...
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solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. Aunque el texto constitucional no lo señala, los mecanismos que mencionael nuevo párrafo tercero del artículo 17 constitucional son alternativos al proceso judicial. Es decir, de lo que se trata es de evitar, por un lado, que los particulares tengan que recorrer la ruta a veces tortuosa y no muy barata de los procesos ante las autoridades judiciales. Desde luego, los particulares tienen ese derecho, de acuerdo a lo que señala el artículo 17 párrafo segundo de la mismaConstitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva.1 Pero el Estado puede y debe proveerles de soluciones que sean más eficaces para resolver sus problemas. Adicionalmente, el nuevo párrafo tercero también tiene por objetivo “descongestionar” el servicio público de administración de justicia, que se encuentra —desde hace décadas— al borde del colapso por sobre-saturación detrabajo de los órganos encargados de su administración. En materia penal el problema es especialmente grave, ya que existe un porcentaje importante de personas que siguen su proceso en régimen de prisión preventiva, y cualquier dilación en el tiempo les resulta muy gravosa. Dadas las anteriores premisas, cabe saludar la introducción del párrafo que estamos comentando a nivel constitucional. Al dar tanimportante paso, México se sitúa en la misma línea de otros países en donde se le han ofrecido a sus ciudadanos soluciones más baratas y veloces que la del proceso judicial, para que las utilicen —si lo estiman pertinente— conforme mejor convenga a sus intereses. Debemos recalcar que los mecanismos alternativos no pueden ser impuestos en contra de la voluntad de los titulares de los derechos queestán en juego. Si así fuera, tales mecanismos supondrían una severa regresión en el funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora bien, la Constitución precisa claramente algunas obligaciones a cargo del legislador, a fin de hacer efectiva la posibilidad de acudir a medios alternativos: a) por un lado, se deberá regular la aplicación de los medios alternativos (esto se logra, en primer lugar,definiendo qué medios en concreto son aceptados en México, así como
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Tercera edición, México, Porrúa/UNAM/CNDH, 2009, pp. 721 y ss.
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las hipótesis concretas en que cada uno de ellos podrá ser aplicado); b) además, se deberá asegurar la reparación del daño a favor de la víctima; y c) finalmente, el legislador deberá prever en qué casos se...
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