Reforma de la justicia penal y constitucional

REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL Y CONSTITUCIONAL: DEL PROGRAMA POLITICO AL PROGRAMA CIENTIFICO(**) ALBERTO M. BINDER (*) PROCESOS, DEMANDAS, CRISIS. Sin duda la reforma de la justicia penal en América Latina todavía necesita ser estudiada en profundidad, tanto en sus causas como en los distintos pasos de su desarrollo. Todavía es un fenómeno demasiado reciente, en el que, de un modo u otro, estamosinvolucrados y ello necesariamente nos hace perder perspectiva y profundidad. No obstante ello, sí podemos señalar que, como proceso político de cambio, la reforma (y la crítica radical al sistema inquisitivo que ella lleva en sí misma) está vinculada a otros procesos de mayor envergadura, entre los que se hallan los siguientes: el proceso de transición, recuperación o, simplemente, deconstrucción de la democracia y la república en América latina. La reforma de la justicia penal ha estado indisolublemente ligada a la renovada democracia latinoamericana y ha sido -y es aúnuno de los temas centrales; el proceso de pacificación, ya sea luego de los grandes estallidos de violencia interna que conocemos como Terrorismo de Estado o luego de guerras civiles con bandos beligerantes formales, talescomo hemos visto en Centroamérica; la creciente regionalización y la aparición de una actividad económica poco dispuesta a encerrarse en los límites del mercado nacional; la crisis del Estado, tanto en el nivel de la eficiencia de sus servicios tradicionales como en el abandono de áreas de prestación estatal consideradas indispensables unas décadas atrás; el mayor protagonismo del sistemainteramericano de derechos humanos y la creciente aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de derechos humanos. A la consideración de estos procesos de carácter político general debemos sumarle demandas sociales más difusas, pero no por ello menos gravitantes a la hora de influir en la toma de decisiones políticas sobre la reforma judicial. En primer lugar, existe unacreciente demanda de seguridad. Esta demanda, que muchas veces los medios de comunicación o las clases dirigentes interpretan como una demanda de violencia, debe ser interpretada en su punto justo: ella es, antes bien, una de las demandas sociales más genuinas desde el punto de vista de una sociedad democrática, se trata del pedido de que se construya una sociedad sin abusos de poder. Esto vale tanto paralos simples casos de abuso del poder físico (las agresiones violentas) o el abuso de poder proveniente de la organización en bandas, o el que otorga la impunidad de los funcionarios, la riqueza o cualquier otra forma de corrupción. Es una demanda que busca construir una sociedad sin el abuso de poder y todos sabemos que en toda su historia América Latina no ha podido hacerlo. Otra de las demandasgravitantes es la que podemos llamar una demanda de certidumbre, es decir, un pedido de conocer cuales son efectivamente los derechos de la población. Las distintas ilusiones normativas, que permiten convivir las declaraciones más preciosistas con las realidades más hirientes, han llevado finalmente a que el hombre común no sepa ya si es verdaderamente un ciudadano o un siervo. Si nos atenemos alos derechos previstos en las constituciones o en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, su situación de ciudadano esta

clara; si, por el contrario, no atenemos a lo que efectivamente puede realizar en cada una de nuestra sociedades (a las "acciones" que verdaderamente posee, se diría en el derecho romano clásico) su situación no difiere en mucho a la de los antiguos siervos o de losnuevos espectadores de la sociedad mediática. ¿Qué soy, ciudadano o siervo? Es una pregunta que, bajo distintas formas culturales se formula en cada una de nuestras sociedades. Finalmente, existe una demanda de protagonismo judicial, un pedido de que la administración de justicia juegue un papel en la vida institucional de nuestros países, que los jueces sean protagonistas verdaderos de la vida...