REFORMA PENAL INACIPE

La iniciativa de reforma constitucional penal: mitos y realidades Autor: Álvaro Vizcaíno Zamora

Álvaro Vizcaíno Zamora
A través de seis preguntas, el Secretario General Académico del INACIPE, explica los alcances de la iniciativa de reforma constitucional que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República. Ahuyenta los temores infundados y enmarca las propuestas dentro del terreno denuestra propia cultura jurídica, proporcionando valiosos elementos de juicio estadísticos y de Derecho Comparado, que refuerzan el valor de la iniciativa, pues como señala el autor: “Debemos acompañar cada adjetivo de una razón que lo soporte y que enriquezca el análisis”.
No se han hecho esperar voces que descalifican la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia penal que, el 9de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República2. Por ejemplo, Miguel Carbonell, distinguido constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la calificó de “racista, aberrante y regresiva”, según publicaron diversos diarios3. Lamentablemente, no publicaron las razones de Carbonell para atribuir estos adjetivos. Por su parte, Luis GonzálezPlacencia, con visión apocalíptica tituló así una conferencia sobre la iniciativa: “La reforma penal constitucional. El desmantelamiento del Estado Constitucional de Derecho.”
Otros académicos han afirmado que la iniciativa se opone completamente a los proyectos que diversos grupos e instituciones han presentado para impulsar un sistema penal acusatorio mediante el cual se implementen juiciosorales. Algunos más, como Miguel Ontiveros, prefieren las discusiones teóricas y tangenciales sobre si el concepto o vocablo adecuado es armonizar en lugar del concepto unificar, o sobre si la armonización es un presupuesto de la unificación, al referirse a la iniciativa presidencial de crear un solo ordenamiento en materia penal y procesal penal. Tampoco han faltado voces que, envolviéndose en labandera del federalismo, afirman que con dicha propuesta se invadiría la soberanía estatal. En la lista podemos agregar a los que hablan de que lo que propone la iniciativa, es un régimen de excepción, una carta abierta para violar derechos humanos. “Draconiana” , “prusiana”, son solamente dos adjetivos más que le han adjudicado.
Antiguos y nuevos debates jurídicos han coincidido en las últimassemanas. A las reflexiones sobre el aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas podemos sumar las relativas a encontrar la mejor fórmula jurídica para impactar la economía de los delincuentes organizados, o cómo hacer compatible una justicia eficaz con el respeto a los derechos humanos.
El debate de ideas es sano, pues es fuente de conocimiento. Bienvenido el intercambio de conceptos. Noobstante, me parece que debemos hacer una pausa en el camino y abrir espacios para la reflexión académica y científica sobre el sistema de justicia penal que queremos. Debemos acompañar cada adjetivo de una razón que lo soporte y que enriquezca el análisis. Considero que debemos tomar distancia y ver el bosque completo, no solamente las ramas de los árboles. Estimo que más que buscar diferencias quegeneren polémica estéril, debemos tratar de aportar coincidencias y respuestas comunes.
El primer punto en que es posible coincidir es en el sistema de justicia penal que hoy tenemos y en la urgencia de modernizarlo. La investigación del delito es deficiente. Según un estudio del CIDE, el 50% de los asuntos penales son robos menores en que se detuvo al inculpado en flagrancia, por lo que no fuenecesaria ninguna investigación4. La justicia penal es lenta. Según un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para desahogar una causa penal, del inicio del proceso a la sentencia, en 2006, fue de 263 días5.
En 2004, en Francia, el 95% de los asuntos penales se resolvieron en menos de 36 horas, mediante una gran variedad de sistemas de justicia alternativa o la implementación...