reforma

La reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado 12 de julio merece una valoración sosegada, pero buscando exponer con claridad el sabor agridulce de las medidas.
Todos compartimos lanecesidad de acabar con el déficit de tarifa eléctrico, una pesada losa sobre el sector, los consumidores y el Estado. La reforma supone, en ese sentido, un intento loable de poner fin al déficit y a losdesequilibrios estructurales que lastran al sector eléctrico y merman la competitividad de nuestra economía.
Sin poder efectuar una evaluación exacta del impacto de las medidas, dado que la tramitaciónde algunas de ellas puede durar varios meses, se puede afirmar que se trata de una reforma con más partes agrias que dulces. Pone fin al déficit de tarifa estructural, pero a costa de aquellos que nolo han generado ni han sido responsables de su planificación.
El Gobierno ha reiterado que el principal objetivo de la reforma es la eliminación definitiva del déficit, un grave desequilibro cuyacuantía supera los 26.000 millones de euros. Para alcanzar esta cifra insostenible ha sido necesaria la acumulación pertinaz de errores de los diferentes Gobiernos durante años y la contemplación de laformación de esta inmensa bola de nieve sin hacer nada para evitarlo o, peor aún, adoptando medidas a sabiendas de que provocarían su crecimiento exponencial, como ha sido el caso del aumento deprimas a las energías solares sin esperar a que alcanzasen la suficiente madurez tecnológica.
El sector tradicional es eficiente, como lo demuestra el hecho de que el precio mayorista de la energía enEspaña es un 10% inferior a la media de los principales países europeos, y la retribución de la distribución un 20% menor. Por tanto, el auténtico problema del sector eléctrico en España es estecrecimiento exponencial de las primas a tecnologías inmaduras e ineficientes, así como la inclusión en la factura eléctrica de partidas que nada tienen que ver con el suministro y una fiscalidad local,...