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El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) en su reciente opinión Oficina de Ética Gubernamental v. Raquel Concepción Bonillla (por voz del juez presidente Hernández Denton) decidió que la definiciónde "unidad familiar" que debe aplicar ante querellas por violaciones éticas de empleados gubernamentales es aquella estatuida en la Ley de Ética Gubernamental (LEG), pues no existen dudas sobre suinterpretación o intención legislativa al definirla. La prohibición ética en la LEG es la siguiente: [n]ingún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto en el que él o algúnmiembro de su unidad familiar tenga un conflicto de intereses". La LEG, a su vez, define "unidad familiar" del siguiente modo: ". . . el cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijosdependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público".¿Quéda claro? Veamos.

Se dice que si la ley es clara y no da margen a dudas, no hay que inmiscuirse en un análisis de la intención legislativa o del llamado "espíritu de la ley". Sin embargo, noes menos cierto que nuestras interpretaciones no se pueden abstraer de la realidad en que vivimos, pues un tribunal no puede creerse lo que nadie se creería. Por lo tanto, creo que erramos si obviamosreconocer el rampante nepotismo y la burda corrupción que por décadas se ha señalado de la gestión gubernamental, que tanto afecta nuestra situación fiscal y la calidad de servicios que hoy elgobierno le ofrece a la ciudadanía.

Esta decisión versa sobre Raquel Concepción Bonilla, empleada de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), quien firmó el traslado, nombramiento y fechascorrespondientes sobre el empleo público de su hermana. Además, nombró y firmó el salario de su cuñado y validó solicitudes de licencias que sometió su hermano a la mencionada agencia.

La LEG, en mi...