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LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN:
¿Competencia municipal?

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Por Arlette M. Geyer A.1
1. Régimen constitucional venezolano. 2. Régimen legal venezolano. 3. Los estados de excepción en el Derecho Comparado:
3.1. Régimen jurídico en Colombia. 3.2. Régimen jurídico en
España. 4. Conclusiones

A los efectos de tener una clara comprensión sobre el régimen
jurídico de los estados de excepción, que abarqueincluso el de los
Estados colombiano y español, decidí dividir el estudio en cuatro
partes fundamentales. Todo ello con el propósito de tener una visión
integral de otros ordenamientos jurídicos que también contemplan
los denominados «estados de excepción» y determinar si efectivamente su declaración compete o no a las autoridades municipales.
1.

Régimen constitucional venezolano

El artículo 236de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela establece las atribuciones y obligaciones del Presidente
de la República, siendo una de ellas la prevista en el numeral 7,
«Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución».
En tal sentido, el artículo 337 del texto fundamental establece
que el Presidente de laRepública, en Consejo de Ministros, podrá
decretar los estados de excepción. Igualmente, define como tales «...las
circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan
insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente
a tales hechos».1

Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en
Derecho Administrativo, mención Honorífica Cum Laude de la misma Alma
Mater.

Erga Omnes

Nº 3, 2007

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Arlette M. Geyer A.

El Decreto de estado de excepción, podrá restringir temporalmente las garantías previstas en la Constitución, pero también comporta un límite referido a que no podrán restringirse las referidasal
derecho a la vida, prohibición de incomunicación, tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Igualmente, el referido Decreto debe
cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El autor Allan R. BrewerCarías, en su obra La Constitución de
19992, señala que se eliminó de la Constitución de 1961 la posibilidad de que se pudiesen «suspender» las garantías constitucionales,
como lo autorizaba el artículo 241, en concordancia con el artículo
190, ordinal 6, y que dio origen a tantos abusos institucionales,
quedando la potestad de excepción sólo a restringir, más no a suspender.
Adicionalmente, agregael mencionado autor que no basta con
restringir las garantías pura y simplemente, sino que es indispensable
que en el mismo Decreto se regule en concreto y con precisión el
ejercicio del derecho. A título ilustrativo, si se restringe la libertad de
tránsito, en el mismo Decreto debe especificarse en qué consiste la
restricción, como podría ser la prohibición de circular a determinadas horas (toquede queda) o en determinados vehículos.
En este sentido, la Carta Magna establece en su artículo 338 tres
(3) tipos de Estado de Excepción. En efecto, el Estado de Alarma se
decretará cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u
otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la
seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos. Este Estado de Excepción durará hasta treinta(30) días, prorrogables por un tiempo igual.
Por su parte, el Estado de Emergencia Económica se decretará,
cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que
afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será
de hasta sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más.
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BREWER CARÍAS, Allan R. La Constitución de 1999. Tercera Edición.
Editorial Jurídica...