Reseña Critica

¿“Lavar” a través de la contratación pública? – Revista Semana
Por Juan Diego Restrepo - opinión 
2015/08/20 16:47
¿Es posible que se acuda a las licitaciones y subastas para legalizar dineros que provienen de negocios ilícitos altamente rentables?
Parece que eran otros tiempos, cuando los proveedores encarecían sus productos y servicios para vendérselos al Estado. Desde hace algún tiempo, losfuncionarios de diversas entidades públicas encargados de la contratación están observando una tendencia que preocupante: ofertas con precios sustancialmente bajos a los promedios del mercado.

Cada día escucho historias sobre procesos licitatorios y de contratación en los que los proponentes rebajan el valor de sus productos y servicios en unos porcentajes tan altos que me generan una duda: ¿cuáles el margen de ganancia que les queda si logran que sean seleccionados como proveedores de una necesidad del Estado?

Sobre el comportamiento de esos oferentes se tejen varias hipótesis: que bajan tanto sus precios porque son competidores nuevos en el mercado y buscan ganar experiencia en la contratación con diferentes entidades públicas; que lo pueden hacer porque tienen suficientes productosalmacenados y ante una oportunidad de venderlos, salen a ofrecerlos a precios que en apariencia les mantiene un punto de equilibrio y no pierden plata; que compraron alguna maquinaria con dólares baratos y por eso se dan el lujo de venderlo, meses después y ante un dólar caro, al mismo precio que lo adquirieron.

Cuando uno se sienta a hablar de estos temas con expertos en temas de contrataciónpública, surgen tantas explicaciones a los precios bajos como oferentes participan en las licitaciones y subastas. Pero más allá de que los proveedores entreguen sus explicaciones, sean avaladas por los comités técnicos y hasta se ganen licitaciones y subastas, hay algo que me genera muchas dudas en esos comportamientos comerciales, sobre todo en aquellas grandes ciudades donde hay un alto flujo dedinero proveniente de actividades ligadas al tráfico de drogas y a la llamada minería ilegal, dos de las actividades más rentables en el mundo de la ilegalidad.

¿Será que narcotraficantes y mineros, que en muchas regiones son los mismos, están lavando sus ganancias e introduciendo cientos de millones de pesos al circuito comercial y financiero a través del apalancamiento económico de pequeñas ymedianas empresas que participan en licitaciones públicas y subastas?

Me perdonarán quienes actúan honestamente, que los debe de haber, pero es que rebajas del 40%, del 50% y hasta del 60%, con respecto a promedios de precio del mercado para hacerse a un contrato estatal de provisión de bienes y servicios me generan mucha suspicacia. Si bien cuando son requeridos por los contratantes para queexpongan razones técnicas objetivas que expliquen los precios ofrecidos, sus razones no dejan de ser sospechosas.

Uno de los problemas que tienen las administraciones públicas locales y regionales es la falta de “dientes” para contrarrestar ese fenómeno, que finalmente cumple con el propósito para lo cual fue contratado y, de paso, el Estado se ahorra un dinero, en muchos casos, sustancial, pero que nose deja de ser preocupante en economías que se sustentan, en parte, en la actividades ilegales.

El Decreto 1082 de 2015 define qué son “precios artificialmente bajos” y cómo se debe actuar en una licitación o subasta cuando este tipo de fenómenos surgen en un proceso de contratación pública. Establece la norma que si “una oferta parece artificialmente bajo”, la Entidad Estatal debe requerir aloferente para que “explique las razones que sustentan valor ofrecido”. Una vez dados esos argumentos, los evaluadores de la propuesta “debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas”.

El decreto establece que “cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas...