responsabilidad de la municipalidad


Dictamen de la Procuración General:
La Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó parcialmente la sentencia dictada por la señora jueza de la instancia anterior que, a su turno -v. fs. 740/753 vta.-, había hecho íntegramente lugar a la demanda entablada por las “Estancias La Dorita S.A.” contra laProvincia de Buenos Aires, en reclamo de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la inundación de campos de su propiedad y rechazado, en cambio, la acción dirigida contra las Municipalidades de Carlos Casares -cuya defensa de falta de legitimación pasiva acogió- y Nueve de Julio. En su lugar, el órgano de alzada dispuso rechazar la mencionada excepción perentoria oportunamenteopuesta por la comuna de Carlos Casares e incluirla en el alcance de la condena impuesta al Fisco provincial que confirmó, si bien reduciendo en un 50 % su responsabilidad en la producción del daño cuya reparación reclama la parte actora, al considerar que el 50 % restante obedeció a causas naturales (fs. 835/845 vta.).
Contra dicho modo de resolver, se alzaron ambas codemandadas vencidas. LaMunicipalidad de Carlos Casares -por apoderado- dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de inconstitucionalidad y de nulidad (v. fs. 861/882), mientras que la Fiscalía de Estado -por apoderada- sólo interpuso la primera de las impugnaciones nombradas (v. fs. 883/886 vta.), que fueron concedidos en la instancia de origen con la sola excepción de la queja de inconstitucionalidadimpetrada por el ente municipal (v. fs. 887 y vta.).
Previo a dictaminar, preciso dejar sentado que mi intervención en autos se halla acotada únicamente al conocimiento de la pretensión nulificante impetrada por la comuna de Carlos Casares en función de lo prescripto por el art. 297 del ordenamiento civil adjetivo, de modo que, con ese alcance, procederé, seguidamente, a evacuar la vista que V.E.me confiere en fs. 916.
En sustento del remedio procesal bajo análisis, el ente comunal vencido sostiene que el pronunciamiento de grado ha sido dictado en violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia en cuanto impone a los órganos de la justicia el deber de fundar sus decisiones en el texto expreso de la ley vigente en torno de la materia debatida ante sus estrados y que, en laespecie, resultó ser el decreto ley 10.106/83 cuyas disposiciones rigen la especificidad de la materia controvertida en autos.
Sobre esa base afirma el quejoso que el arbitrario apartamiento que de dicho ordenamiento legal imputa cometido por la cámara de apelación actuante en la dilucidación de la cuestión objeto de la presente litis, como así también, de la doctrina elaborada por la Corte deJusticia de la Nación en los precedentes jurisprudenciales que individualiza y cuya aplicación -agrega- resulta ser obligatoria por todos los tribunales inferiores del país, importa la infracción constitucional denunciada y acarrea, consiguientemente, la nulidad de la sentencia así dictada.
Anticipo, desde ahora, que el recurso extraordinario de nulidad deducido adolece de palmaria improcedenciay así aconsejo lo declare V.E., llegada su hora.
Lo entiendo así, puesto que a la inadecuada técnica observada por su autor quien, a los fines de explicitar la consumación del “apartamiento arbitrario” del texto del dec. ley 10.106/83 que imputa cometido por la alzada, remite a los argumentos vertidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en la misma piezaimpugnativa, incumpliendo, de ese modo, la exigencia de autofundamentación propia de todos los remedios extraordinarios previstos en nuestro ordenamiento procesal (conf. S.C.B.A., causas Ac. 75.200, resol. del 10-VIII-1999; Ac. 79.494, resol. del 11-X-2000; Ac. 81.478, resol. del 9-V-2001; Ac. 87.402, sent. del 5-IV-2006; C. 94.064, sent. del 12-XI-2008; C. 100.645, sent. del 10-VI-2009 y C. 101.003,...