Responsabilidad del auditor

Responsabilidad tributaria y penal de los contadores certificantes de balances y auditorias

INTRODUCCION
La inusitada persistencia de denuncias que realiza la Dirección General Impositiva a profesionales en Ciencias Económicas, con motivo
de su actuación en las tareas de auditoría que culminan en el dictámen certificado, fundadas en la probable comisión de conductasreprochadas en el Artículo 13 de la Ley Penal Tributaria, obliga al conjunto de la matrícula a una necesaria reflexión respecto de los alcances (límites) que debe observar tanto el órgano fiscalizador cuanto el juzgador a la hora de dar inicio a las actuaciones de naturaleza penal, para dar paso luego, a un necesario debate aún pendiente respecto, no sólo a estos aspectos procesales, sino además, a lanecesaria reforma de la referida norma legal de suerte que ella defina adecuadamente el tipo penal que pretende criminalizar.- El presente artículo, que sólo expresa el punto de vista del autor, está encaminado en tal sentido.-
I - MARCO LEGAL
Nuestra legislación tiene previsto la doble responsabilidad del profesional actuante: a) frente al tributo (objeto de la "presunta" infracción)y b) frente a las sanciones que eventualmente pudieran corresponder.-
a) En efecto, la Ley 11.683 en su Art. 18 inc. e) cuando establece que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, los terceros que, aún cuando no tuvieren deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, está incluyendo a aquellos profesionales que,habiéndose comprobado su participación culpable al dictaminar sobre un balance falso (sea a título de culpa o de dolo), serán solidariamente responsables con los deudores tributarios frente al fisco y hasta la absorción íntegra de la obligación principal, debidamente actualizada.-
Desde luego que para poder hacerse efectiva tal responsabilidad es menester que la Dirección observe losrecaudos procesales contenidos en la Ley 11.683 ( art. 24 - quinto párrafo), tal como si se tratara de una determinación de oficio: vista, descargo, prueba, dictámen jurídico , juez administrativo competente ( quien no podrá dictar resolución ad- ministrativa antes de que haya quedado firme la sentencia judicial, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos, en sujeción alo previsto en el art. 16 de la LPT) .-
Como vemos, para hacer posible la extensión de la responsabilidad económica al profesional debió haberse probado la existencia de una conducta reprochable a título de culpa o dolo (proceso que se sustanciará en sede judicial a partir de la derogación de la "prejudicialidad" tributaria por parte de la Ley 23.771), y el riguroso mecanismo procesal puestoen marcha por la Ley 11.683 tiene por objeto el resguardo de los derechos y obligaciones de ambas partes de la relación tribu- taria en tanto el mismo puede concluír en la imposición de una sanción económica de naturaleza civil al tercero solidario.- Por ello, aún habiéndose dictaminado su culpabilidad en sede judicial, nada impedirá que en sede administrativa este responsable discuta tanto laprocedencia como el quantum de la pretensión fiscal.-

PARA HACER POSIBLE LA EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD ECONOMICA AL PROFESIONAL ACTUANTE DEBIO HABERSE PROBADO LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA REPROCHABLE A TITULO DE CULPA O DOLO.
En el terreno de la actuación profesional, la exteriorización típica de la culpa se produce cuando constatamos que la conducta del involucrado se hadesplegado con impericia, esto es, en descuido de los conocimientos teóricos y prácticos que todo individuo que ejerce una profesión está obligado a poseer (presunción de ciencia y pericia), inobservando la diligencia y previsión necesarias conforme la naturale- za de las tareas que ejecuta.- En este caso, responderá por el monto del tributo que su accionar contribuyó a evadir, solidariamente con el...